Dedos a la obra

Avelino Viejo, síndico mayor de la sindicatura de cuentas del Principado de Asturias / Miki López

Acusaciones de contaminación política, reparos del Tribunal y de la Sindicatura de Cuentas, varios reveses judiciales y una advertencia expresa del Parlamento nacional. Los procesos de contratación de la Administración regional llevan meses en entredicho a causa de unos controles que cada vez son más laxos y de la excesiva dependencia de los funcionarios nombrados a dedo. La nueva ley autonómica de la Función Pública, aprobada en la Junta General por el Gobierno de coalición PSOE-IU hace un mes, permite la libre designación para el nombramiento de cargos de media dirección y letrados, personal clave en los procesos de adjudicación de contratos públicos.

El caso de la funcionaria Marta Renedo Avilés, que ha sido detenida por supuesta corrupción y que venía siendo investigada por adjudicar contratos públicos a una empresa de su propiedad, no ha hecho más que multiplicar las críticas sobre los filtros de control que deberían evitar situaciones como las que ahora ocupan a la titular del Juzgado número 4 de Gijón. Según el PP, los servicios jurídicos y la intervención del Gobierno regional plantean reparos a un centenar de obras cada año, debido, precisamente, a las carencias en la contratación.

Pero la crítica no es sólo política, sino que va mucho más allá. Especialistas en derecho administrativo, integrantes del Servicio Jurídico de la Junta General y sindicatos de funcionarios han puesto de manifiesto reiteradamente las carencias que aprecian en el sistema de control de las adjudicaciones. José María Estrada Janáriz, letrado de la Cámara autonómica, aseguraba a LA NUEVA ESPAÑA en septiembre que las mesas de contratación del Principado están integradas «en su inmensa mayoría» por personas que «deben el puesto al dedazo del consejero de turno y que son conscientes de que pueden perderlo al menor descontento de quien los puso». En consonancia con la opinión de otros reconocidos expertos, Estrada sostenía: «priman la confianza y el amiguismo». Por su lado, en un artículo publicado en este diario, Alejandro Huergo Lora, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Oviedo, reclamaba un «verdadero control judicial» sobre estos procesos, para garantizar «independencia e imparcialidad» en lo que considera «centros de corrupción».

La Sindicatura de Cuentas, a cuyo frente está Avelino Viejo, también ha detectado falta de objetividad y transparencia en contratos del Principado. Y así consta en varios de sus informes. Algunas de las advertencias más severas figuran en un análisis sobre los contratos realizados en 2007 por la Dirección General de Carreteras, aunque también ha constatado «deficiencias» por «arbitrariedad» en la adjudicación del nuevo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y en otros proyectos autonómicos.

El Parlamento nacional es otro de los organismos que han puesto en entredicho las adjudicaciones del Principado. En una resolución, la comisión mixta Congreso-Senado asume algunas de las advertencias sobre la necesidad de mejorar el sistema de control y la fiscalización de los gastos por parte de la Administración autonómica que ya habían sido puestas de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en 2004.

En el ámbito judicial, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) anuló cuatro veces en el plazo de año y medio una convocatoria de puestos de altos funcionarios (lo que intervienen en los procesos de adjudicación de obras públicas), precisamente por haber sido designados a dedo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del organismo cuestionó la predilección por la libre designación y declaró ilegal el método que se utilizó para cubrir 299 puestos de jefes de servicio, coordinadores y asesores. Además, el proyecto de construcción de los minipisos de La Laboral está en los tribunales por haber sido adjudicados, supuestamente, sin concurrencia pública.

En la lucha política, el PP viene denunciando las carencias en el control de los contratos y que el Ejecutivo valida «por sistema» contratos con informes legales en contra. El consejero de Infraestructuras, Francisco González Buendía, está en el centro de sus críticas.