El Gobierno regional atribuye el aumento del gasto telefónico al incremento de líneas

El Principado rechazó ayer que la concentración de los contratos informático y telefónico haya supuesto un fracaso y atribuyó el incremento del gasto de este último al aumento de personal, que ha obligado a adjudicar más líneas. La Consejería de Administraciones Públicas mantiene las competencias sobre las contrataciones que afectan a esos servicios aunque ha descentralizado las partidas por razones de estructura presupuestaria, según fuentes del ejecutivo.

El Gobierno regional defiende que las economías de escala aplicadas a los contratos informáticos y a los de telefonía «han sido más eficientes». Fuentes del Ejecutivo reconocen el aumento del gasto telefónico, pero lo vinculan con un aumento del número de líneas. El contrato de telefonía de 2005 ascendía a 11 millones y el adjudicado a finales del pasado año, cinco años después, tiene un importe de 14,6 millones, lo que supone un incremento del 33 por ciento. Pero en esos cinco años, el número de líneas telefónicas se elevó un 64%.

Según las mismas fuentes de la Administración regional, en este último contrato se han incorporado 303 nuevos edificios públicos, entre los que figuran 68 centros educativos, 23 centros de salud y 84 dependencias de la administración de Justicia, además de las consejerías del edificio Calatrava (Oviedo) y las dependencias de la Laboral (Gijón).

Las mismas fuentes negaron que se haya retirado un 80 por ciento de los teléfonos móviles, aunque no precisaron la cifra: «Se han retirado los que eran prescindibles para recortar gasto» y se han mantenido los que eran «absolutamente imprescindibles».

El Ejecutivo regional justificó en razones «estrictamente presupuestarias» la distribución de los créditos de consumo a cada Consejería. De esta forma, el gasto telefónico de toda la Administración regional no queda centralizado en Administraciones Públicas sino que se reparte entre todas las consejerías.

Fuentes del Gobierno negaron que se hayan vuelto a descentralizar las competencias de los contratos telefónico e informático. Dicha modificación, añadieron, hubiera requerido una modificación por decreto del Consejo de Gobierno.