El empleado que custodió el ordenador de Marta Renedo niega que fuese manipulado

El juez Ángel Sorando. /

Oviedo, L. Á. VEGA

Daniel Lueje Díaz, coordinador del almacén del Centro de Gestión de Servicios Informáticos del Principado, descartó ayer que el ordenador de Marta Renedo hubiese sido manipulado durante los dos días que permaneció bajo su custodia, antes de ser entregado a los agentes de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía. Lueje declaró en la mañana de ayer en calidad de testigo ante el juez Ángel Sorando, instructor del «caso Marea», por supuesta corrupción en la administración del Principado, por espacio de una media hora. El coordinador del almacén también negó tener relación alguna con los cinco imputados del caso.

Había sido convocado por el abogado Alberto Suárez Martínez, que defiende los intereses de Bloque por Asturies, partido que se ha personado como acusación popular. Esta parte sostiene que el ordenador pudo ser manipulado y que debería haber sido entregado de inmediato a la Policía.

El empleado indicó que fue su superior el que le ordenó bajar el ordenador al almacén. Lo dejó metido en el interior de un armario cerrado con llave, y durante los dos días que estuvo allí nadie salvo él pudo tener acceso al disco duro del mismo. «Nadie pudo manipularlo», señaló tajante ante el juez. Transcurridos los dos días, fue él mismo quien entregó el aparato a la Policía.

La clave de acceso al ordenador la tenía Catalina Álvarez González, jefa del área de calidad global del usuario de la Dirección General de Informática, que será la que declare hoy, miércoles, ante el juez, también en calidad de testigo. Fue esta funcionaria la encargada de intervenir el ordenador, decisión que se tomó después de que se descubriesen las supuestas irregularidades que había cometido la entonces jefa de servicio Marta Renedo.

En su declaración del pasado lunes, Ana Rosa Migoya aseguró que ordenó la intervención y custodia del ordenador, pero que desconocía qué funcionarios se habían encargado de realizar esta tarea, una postura que provocó cierto estupor entre los abogados de las acusaciones populares.

Migoya también aseguró que no había notado nada raro en los contratos adjudicados a empresas que luego resultaron estar a nombre de Marta Renedo. Como explicación, la ex consejera de Administraciones Públicas y portavoz del Gobierno aseguró que no podía conocer todas las empresas que facturaban con su departamento. Para justificarse, la ex consejera, que declaró en calidad de testigo -aunque el juez le indicó que podía no contestar a aquellas preguntas que considerase comprometedoras-, aseguró que ella había denunciado las supuestas irregularidades de la jefa de servicio ante la Policía. La denuncia llegó cuando ya había abierta una investigación de Hacienda desde hacía meses y otra de la Policía.