Las escuchas de «Marea» podrían llegar al Tribunal Constitucional

El magistrado que instruye la «operación Marea», Ángel Sorando. / LNE

Gijón, R. GARCÍA

Los abogados que defienden la ilegalidad de las escuchas incluidas en el sumario de la «operación Marea» contra la corrupción podrían pedir amparo al Tribunal Constitucional en caso de que tanto el juez que instruye la causa, el ovetense Ángel Sorando, como la Audiencia Provincial rechazasen el recurso que ayer fue ya dado a conocer a todas las partes implicadas en este procedimiento, en el que se investigan supuestas contrataciones irregulares en la Administración regional. Los letrados consideran que se han vulnerado los derechos fundamentales de sus clientes.

La representación letrada de la acusación popular, encabezada por la Asociación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL), ejercida por el abogado Esteban Aparicio, anunció ayer, además, su intención de oponerse al recurso presentado por las defensas, asegurando que las escuchas telefónicas fueron completamente legales: «El recurso no tiene sustento ninguno, la base de la interpretación es muy particular, pero por muchos encajes de bolillos que se hagan, no hay nada que hacer». En el lado opuesto, el abogado Miguel Valdés-Hevia mantiene en su argumentación que las grabaciones se basan sólo en «afirmaciones categóricas realizadas por la Policía, que son a todas luces insuficientes». En palabras del letrado, se hicieron confluir «casos completamente diferentes de manera casual».

Los abogados han puesto de nuevo sobre la mesa la posibilidad de dividir la causa. De esta manera, por un lado, se investigarían las supuestas contrataciones irregulares realizadas en la Consejería de Educación y, por el otro, se pondría en marcha una instrucción relacionada con los pagos realizados por la funcionaria Marta Renedo Avilés, jefa de servicio de Administraciones Públicas, hacia una empresa sin actividad alguna en la que ella misma figuraba como administradora única.

El magistrado Ángel Sorando podría resolver «en los próximos días» el recurso, tal y como informaron ayer fuentes cercanas a la investigación del caso.

La juez que instruía en un primer momento la «operación Marea» contra la corrupción decidió en el mes de enero el ingreso en prisión por esta causa del ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre; de la que fuera su «número dos», María Jesús Otero, y de la funcionaria Marta Renedo Avilés. En libertad bajo fianza de 300.000 euros quedaron entonces los dos empresarios detenidos en esta investigación: el propietario de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, y el dueño de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz.