Tras los pasos de Marta Domínguez

Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez abandonando los juzgados de Gijón. / Ángel González

Gijón, R. GARCÍA

La juez de instrucción Mercedes Pérez anuló en el mes de mayo todas las escuchas que se recogían en el sumario de la «operación Galgo». De esta manera, la magistrada rechazaba de lleno una de las principales pruebas utilizadas por la acusación en la mayor trama de dopaje de la historia del atletismo español. La anulación de las escuchas supuso un fuerte varapalo para los investigadores. Un golpe, que podría sufrir ahora la «operación Marea» contra la corrupción. De hecho, el abogado de Igrafo expone el caso de la atleta Marta Domínguez en el argumentario del recurso con el que pretende la anulación de las intervenciones telefónicas en este procedimiento en el que se investigan presuntas contrataciones irregulares de la Administración pública y en el que están involucrados políticos, empresarios y funcionarios asturianos.

El recurso que pone en solfa la investigación que en un principio dirigía la magistrada gijonesa Ana López Pandiella será estudiado por el nuevo juez de instrucción, Ángel Sorando, y enviado a la Audiencia Provincial en caso de que sea rechazado. Pero, ¿en qué se basa la defensa de Igrafo para pedir la nulidad de la escuchas en un caso como éste? El abogado de la empresa, Miguel Valdés-Hevia, asegura a lo largo de los 70 folios de argumentación a los que ha tenido acceso este periódico, que los pinchazos telefónicos «no estaban justificados», por lo que se vulneraron «derechos fundamentales» recogidos en la Constitución como el secreto de las comunicaciones y el derecho a obtener una tutela judicial objetiva. El letrado asegura que para autorizar la intervención de llamadas telefónicas deben cumplirse, según la jurisprudencia, numerosas circunstancias que no se dan en este procedimiento. La representación de Igrafo asegura que en este caso no existía «un procedimiento penal previo», ya que la mayor parte de las pruebas llegaron después de las escuchas, y mantiene que en este caso «algunas de las resoluciones no fue notificada al ministerio fiscal», un trámite formal pero necesario para dotar de legalidad a las investigaciones. El abogado argumenta que no había, al principio de la investigación, «datos objetivos» de la imputación de los acusados. Por aquel entonces, a juicio del letrado, sólo existían «afirmaciones categóricas realizadas por la Policía que son a todas luces insuficientes».

En este punto, Valdés-Hevia vuelve a reiterar uno de los argumentos que desde el principio de la causa los abogados esgrimieron contra la juez Pandiella: la falta de motivación de los autos dictados y la ausencia de «proporcionalidad»: «Hay que tener siempre en cuenta si existe otro medio más moderado para conseguir con eficacia la investigación». En este caso se podría haber investigado «con facturas y documentación».

El primer teléfono intervenido por el grupo de delitos económicos de la Comisaría de Gijón dentro de esta causa fue el de la alta funcionaria Marta Renedo Avilés. Una gijonesa la había denunciado por una supuesta suplantación de identidad. Poco después se sabría que la funcionaria había desviado fondos hacia una cuenta puesta a nombre de esta ciudadana con dinero que provenía de la Consejería de Administraciones Públicas. Tres mensajes cortos de Marta Renedo hacen que la Policía decida investigar «más allá» de la funcionaria. En uno de ellos la ahora encarcelada asegura a la cajera gijonesa que le había denunciado que ella «también era una víctima». Los agentes sospechan entonces la participación de más personas en la trama. Esos días Víctor Manuel Muñiz, dueño de Igrafo, habla con Renedo, por lo que los policías deciden intervenir también su teléfono. Así, saltando de uno a otro, se va poco a poco desmontando la presunta trama corrupta.

Para Valdés-Hevia todas estas escuchas, que hicieron confluir «dos casos diferentes unidos causalmente», fueron ilegales: «Víctor Manuel se entera de una investigación que afecta a Marta, que es problemática para ella, por lo que aún no se justifica el carácter delictivo de estos hechos». No había por tanto razón, según el abogado, para un nuevo pinchazo. De esta manera, anulando una tras otra, se podrían desestimar todas las intervenciones telefónicas de la «operación Marea», ya que en el propio recurso se reconoce que «si se hubiesen respetado sus derechos fundamentales no se hubiera llegado a intervenir los teléfonos de Otero, Riopedre o Alfonso Carlos Sánchez». El control judicial de las intervenciones telefónicas debe además mantenerse, en palabras del abogado, «durante todo el tiempo que dure la investigación», un extremo «que no se ha respetado».

El resto de defectos de forma alegados por esta parte se fundamentan, como ya se explicó en otros escritos, en la «falta de conexión de los delitos». El abogado asegura incluso que la magistrada que en un principio instruía la causa, Ana López Pandiella, no informó de la investigación sobre José Luis Iglesias Riopedre al Tribunal Superior de Justicia a pesar de que, en los inicios de la causa, «era una persona aforada».

Las acusaciones ya han anunciado su intención de oponerse a este recurso. Javier Díaz Dapena, abogado que representa los intereses de Almacenes Pumarín, mantiene por su parte, «con la prudencia que exige la ausencia de traslado y la falta de conocimiento efectivo del contenido», que comparte «el grueso del argumentario que se ha hecho público», ya que «resulta evidente que buena parte de las decisiones que se recurren carece de justificación y, por tanto, de sustento jurídico». Las partes no reconocen, sin embargo, la posibilidad de pedir indemnizaciones en caso de que se ejecute la nulidad de las actuaciones. Fuentes cercanas a la investigación señalaron ayer a este periódico que las escuchas «son sólo una parte de la investigación» y es que gran parte del peso de las acusaciones «recae sobre las facturas y los documentos recabados por la primera juez de instrucción».

Las investigaciones de la «operación Marea» llevaron a la cárcel en un principio al ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, a la que fuera su número dos en el Gobierno regional, María Jesús Otero y a la funcionaria Marta Renedo Avilés. Dos empresarios -el propietario de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, y el dueño de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz-, quedaron en libertad bajo fianza de 300.000 euros tras declarar ante la juez de instrucción. La Audiencia aceptó posteriormente la puesta en libertad bajo fianza de 100.000 euros de Iglesias Riopedre.