La FSA evita valorar las escuchas al entender que no tiene «nada que añadir»

Esta información ha sido elaborada por: C. JIMÉNEZ / R. VALLE (Gijón), A. SÁNCHEZ (Cabrales), R. L. MURIAS (Oviedo)

«Nos seguimos remitiendo a la primera declaración que hizo Javier Fernández, candidato por el PSOE a la Presidencia del Principado». La Federación Socialista Asturiana (FSA) no quiere o no tiene nada que decir respecto a las grabaciones policiales incluidas dentro del sumario de la «operación Marea» hechas públicas ayer en exclusiva por LA NUEVA ESPAÑA.

En enero de 2010, Javier Fernández anunció, tras la detención del ex consejero de Educación del Principado, la suspensión de militancia de Riopedre y, aseguró, «no es un caso de corrupción política sino de índole estrictamente personal». Ayer, tras hacerse públicas las conversaciones cruzadas entre los implicados en el caso, la FSA aseguró: «No tenemos nada que añadir sobre el tema».

Por su parte, la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, mando directo de Marta Renedo Avilés, solicitó ayer, durante su visita a Cabrales, que «se deje trabajar a la justicia. La investigación todavía está desarrollándose y en ese ámbito de absoluto respeto y colaboración con la Administración de justicia», recalcó la Consejera.

El consejero de Educación, Herminio Sastre, presente en la clausura de la asamblea del Club de la Innovación ayer en Gijón, aseguró que el sistema de contrataciones de este departamento se realiza conforme a la ley. Además, señaló que todos los expedientes que en su momento les reclamaron desde el Juzgado «los enviamos» y todo se hizo «de acuerdo con la legalidad».

Desde Gijón, la alcaldesa socialista Paz Fernández Felgueroso también hizo una defensa de los suyos. «No hay caso. No hay ninguna relación con la "operación Marea" del Ayuntamiento de Gijón ni de Santiago Martínez Argüelles. Si la hubiera, ya nos habría llamado quien lo ha venido investigando». Así de tajante se mostraba ayer la alcaldesa gijonesa tras trascender que el nombre de su edil de Hacienda, y candidato del PSOE a la Alcaldía de Gijón, aparecía en una conversación entre dos empresarios investigados en el «caso Marea». Uno de esos empresarios plantea en la conversación grabada por la Policía la necesidad de contactar con el edil gijonés de Hacienda para que hable con su compañero del área de Promoción Económica e Innovación, José María Pérez, sobre un contrato y un pago a la empresa del hijo del ex consejero José Luis Iglesias Riopedre. «Son menciones de terceros. Cualquiera te puede mencionar», indicaba la regidora socialista.

Pero esas menciones son más que suficientes para el PP, que viene denunciando desde hace meses las posibles ramificaciones gijonesas del caso. «Mal empieza la campaña el candidato cuando su nombre aparece en el sumario del mayor caso de corrupción de Asturias», sentenciaba el edil popular Manuel Pecharromán antes de exigir públicamente explicaciones a Martínez Argüelles. «De esta conversación se puede deducir que el concejal de Hacienda era el interlocutor de estos empresarios en el Ayuntamiento de Gijón. Si cobra, ya es otra cosa», indicaba Pecharromán, quien también ponía en evidencia el alto nivel de información que manejaban los empresarios grabados sobre el estado de las arcas municipales gijonesas y sus prioridades en el pago de facturas. El PP asegura estar investigando los posibles contratos de la Administración municipal gijonesa con la empresa del hijo de Riopedre. El equipo de gobierno asegura que no hay ninguna relación contractual con esa firma. Por su parte, el portavoz adjunto del Grupo parlamentario Popular, Joaquín Aréstegui, solicitó al PSOE que comparezca por el caso, ahora que se ha levantado el secreto de sumario. «Si Riopedre era el consejero que menos pinta tenía? qué no podría estar pasando con otra gente que tiene menos pinta beatífica», matizó Aréstegui.

«Es incontrolable lo que terceras personas puedan decir de uno, ni para bien ni para mal», explicaba ayer el propio Santiago Martínez Argüelles. El edil, a quien se cita en la grabación como el interlocutor válido «para allanar el camino» en un contrato público, se muestra «tranquilo» porque «todo lo que hace el Ayuntamiento de Gijón está claro y sigue tan claro como ha estado siempre. Hemos hecho público lo que hemos contratado con nuestras empresas», explicó, al tiempo que dijo encontrarse «absolutamente tranquilo» sobre lo que hace en el ejercicio de sus responsabilidades pública. Argüelles descartó que esta situación pueda tener efecto alguno sobre la campaña electoral.

El coordinador general de IU, Jesús Iglesias, a la vista de los datos destapados por LA NUEVA ESPAÑA dentro del «caso Marea», reivindicó el «papel de lo público y de lo político». Iglesias afirmó: «Es imprescindible reivindicar el papel de las administraciones, pero para conseguir que los ciudadanos reconozcan esa necesidad hay que demostrar que el funcionamiento es honrado y honorable, y por eso nosotros nos ratificamos en que todos los contratos sean publicados, incluso los menores. Y aspiramos a ampliar el grado de incompatibilidad al que están sometidos los responsables políticos y los funcionarios», remató el coordinador de IU.

Ignacio Prendes, candidato al Principado por UPyD, afirmó que, según las conversaciones hechas públicas por este periódico, «no hay lugar a dudas: hay una mezcla de intereses públicos y privados inadmisible». Prendes asegura que «la permanencia en el cargo durante muchos años (en referencia a Riopedre) acaba degenerando de forma natural en estas cosas». El candidato de UPyD a la Presidencia del Principado manifestó que la sociedad asturiana «tiene derecho a saber y por eso hemos pedido que se constituya una comisión de investigación para esclarecer cómo se ha contratado y cómo se ha invertido el dinero público».

Juan Morales, candidato de Ideas en las próximas elecciones regionales, tampoco se quedó atrás en sus críticas a los supuestos implicados y al Gobierno del Principado. «Estamos ante una verdadera trama que afectaba a instancias mucho más altas que a la Consejería de Educación. Aparte de las responsabilidades judiciales, que llevarán su tiempo, hay unas claras responsabilidades políticas y está claro que quienes designaron a los implicados tienen que responder por ello». Morales apunta a la necesidad imperiosa de «dar transparencia a las contrataciones», para evitar que «la historia se repita». Y añade que tanto «Areces como Migoya tienen responsabilidad política, porque ellos designaron a Riopedre y a Renedo».