Expedientes evaporados

Educación no encuentra los expedientes de contratos correspondientes a 2003 y 2004 y aduce que se destruyeron en inundaciones

Lunes 9 de Mayo de 2011

Oviedo, L. Á. V.

La Consejería de Educación y Ciencia informó a la anterior instructora del «caso Marea», Ana López Pandiella, que no había podido enviarle todos los expedientes de contratos solicitados debido a que habían resultado destruidos una parte de ellos, los correspondientes a los años 2003 y 2004. La comunicación se realizó el pasado 11 de febrero. La juez, lejos de conformarse, ordenó a la Consejería de Educación que remitiese una relación detallada de aquellos expedientes que habían resultado dañados, así como el soporte informático de dichos expedientes.

La Consejería de Educación terminó remitiendo al Juzgado de instrucción número 4 de Gijón la documentación requerida por la juez, que mostraba información pertinente para la investigación. Tuvo que recurrir a los archivos del Servicio de Contabilidad de la Intervención General del Principado, porque en los de la Consejería no figuraba documentación alguna referida a los expedientes tramitados en los dos años requeridos.

Por ejemplo, entre los expedientes de 2003 «perdidos» se encontraban los referentes a contratos concedidos a Comercial Asturiana de Papelería (Igrafo) por un importe superior a 1,6 millones de euros.

También se incluían entre los expedientes destruidos los contratos que por importe de casi dos millones de euros se concedieron a la otra empresa implicada en la investigación del «caso Marea», Almacenes Pumarín, de la que es gerente Alfonso Carlos Sánchez.

Por lo que se refiere a 2004, se contabilizan expedientes por un importe de casi 5,85 millones de euros, entre los que se cuentan mobiliario para la Escuela de Arte de Avilés (cerca de 300.000 euros), la Universidad Laboral de Gijón o Valnalón, y equipamientos para el campus de la Universidad en Mieres. Sólo para el IES de la Universas Laboral se destinan más de 700.000 euros.

Toda esta documentación obra en el sumario, pero para ello tuvieron que cruzarse varios oficios y mandamientos entre el Juzgado y la Consejería de Educación, que ya estaba en manos de Herminio Sastre.

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