El Principado contrata o subvenciona a 130 empresas de funcionarios y sus familiares

Edificio inteligente del Gobierno regional en Llamaquique, Oviedo. /

Oviedo, L. Á. VEGA

El sumario de la «operación Marea», al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA, revela que la Agencia Tributaria y el grupo de delincuencia económica de la Policía han identificado un total de 130 empresas cuyos titulares y representantes son trabajadores del Principado o familiares de éstos contratan o reciben subvenciones de la Administración regional. Los inspectores de Hacienda y los policías están investigando hasta cuatro listados mercantiles con el fin de detectar conductas como la exhibida por la ex funcionaria Marta Renedo. A las anteriores empresas se suman otras 193, también pertenecientes a funcionarios o sus familiares, que facturan con sociedades proveedoras del Principado. Los cuatro listados que enumeran a las empresas investigadas se incluyen en un disco compacto que ha sido entregado al juez instructor.

La documentación obedece al estudio realizado por parte de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria «en función de los entresijos conocidos en el ámbito de las diligencias previas» abiertas en relación con Marta Renedo, «ante la posibilidad de que por parte de personal de la Administración pública del Principado de Asturias pudieran haberse organizado réplicas o perfiles análogos o semejantes a los que han sido objeto de investigación».

En concreto, el informe, remitido el pasado 13 de enero al Juzgado de instrucción número 4 de Gijón por parte del grupo de delincuencia económica de la brigada de la Policía judicial gijonesa, hace referencia a posibles empresas usadas en circunstancias semejantes a Implans Mounts. Esta sociedad era supuestamente utilizada por Marta Renedo para desviar fondos públicos hacia cuentas abiertas a nombre de personas que desconocían que fuesen sus titulares.

Para justificar el movimiento de dinero, siempre según el sumario del caso, Renedo contrataba desde su puesto en la Dirección de Modernización falsos trabajos a su empresa por importes que se movían entre 3.000 y 6.000 euros. La avilesina habría ideado un sistema para falsificar la firma de su superior, Alberto Pérez Cueto, consistente en la utilización de transparencias en las que estaba escaneada la rúbrica y el membrete de la Consejería, un sistema rudimentario que pasó todos los controles.

Marta Renedo utilizó también para los mismos menesteres, siempre según el informe policial, la empresa Oxiplans. En los archivos del Principado constan contratos a esta empresa firmados por los anteriores jefes de Renedo cuando se encontraba en la Dirección de Promoción Cultural y Política Lingüística de la Consejería de Cultura. Esos dos responsables eran Carlos Madera, que era el director general, y Francisco José Díaz Ortiz, secretario general técnico de la Consejería de Cultura. En sus declaraciones ante la Policía no pudieron especificar si las firmas que constan en los documentos fueron falsificadas.

La investigación abierta sobre las empresas de los funcionarios regionales y sus familias se justifica, según el informe, por el contenido de las conversaciones grabadas a Marta Renedo, «en las que dejaba entrever que otras personas de la Administración pública del Principado podrían haberse dedicado a las mismas actividades ilícitas que ella».

Mediante el cruce de los listados de empleados del Principado y sus familiares y los datos que obran en la Agencia Tributaria, la Policía está en condiciones de afirmar que el Principado contrata o subvenciona directamente a cincuenta empresas pertenecientes sólo a funcionarios de la Administración regional. También facturan con la Administración regional otras ochenta empresas pertenecientes a familiares de esos funcionarios.

Además, hay 64 empresas gestionadas por funcionarios que facturan con sociedades proveedoras del Principado. En un cuarto apartado se contabilizan 159 sociedades a nombre de familiares de esos funcionarios que tienen tratos con esas empresas que proveen a la Administración. De ellas, un total de treinta se incluye en el apartado de empresas que trabajan directamente con el Principado.