La fiscalía asegura que a Riopedre se le trata «con el mismo rigor que a otros delincuentes»

La fiscal María Luisa García, durante su argumentación en la mañana de ayer ante la Audiencia Provincial. / Marcos León

Gijón, R. GARCÍA

Al ex consejero de Educación del Principado, José Luis Iglesias Riopedre, se le trata en los juzgados de Gijón «con el mismo rigor que a otros delincuentes». «El supuesto mal estado de salud de este señor no le impidió estar trabajando hasta que el verano pasado dimitió de su cargo; sus padecimientos los tiene desde hace muchos años, no son nuevos, y siguió desempeñando su trabajo hasta que decidió dimitir. Cuando se levante el secreto de sumario, sabremos algo más del porqué». Así de firme se mostró ayer por la mañana, en la vista pública celebrada en la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, la fiscal encargada de la instrucción de la denominada «operación Marea» contra la corrupción.

María Luisa García defendió durante su intervención ante el tribunal presidido por Bernardo Donapetry la necesidad de que continúen en la cárcel los tres ex altos cargos del Gobierno regional que actualmente se encuentran cumpliendo una orden de prisión provisional, comunicada y sin fianza dictada por la juez que investiga este caso, en el que se han visto involucrados además varios empresarios asturianos. Un portavoz de la fiscalía explicó a última hora de la tarde de ayer que la fiscal, cuando se refería a conocer las causas de la dimisión de Riopedre tras el levantamiento del sumario, se refería exclusivamente a su enfermedad. El ex consejero justificó su marcha el pasado verano por una recomendación médica ante un agravamiento de su dolencia.

Ante una sala abarrotada de espectadores, entre los que se encontraban familiares de Riopedre, y consciente del interés mediático que despierta la supuesta corruptela, la representante del ministerio público fue especialmente dura a la hora de defender la prisión del ex consejero de Educación: «Los delitos que se le imputan -prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios- son muy graves, están siendo investigados dentro de un entramado delictivo dedicado a obtener contratos públicos mediante la manipulación».

María Luisa García enarboló durante su argumentación la bandera de la igualdad de los ciudadanos ante la justicia para defender la situación en la que se encuentra el ex consejero: «Riopedre no es el primero que entra en estos juzgados, y se le trata como a todos. Es conveniente que la opinión pública conozca cuántos presos preventivos se encuentran en Villabona con padecimientos graves y por menos hechos que los que se imputan a Riopedre, que se podría enfrentar a penas de entre 6 y 8 años de cárcel por delitos continuados en el tiempo».

El abogado del ex consejero, Sergio Herrero, considera que la medida de prisión provisional es exagerada y pide la nulidad del auto procesal que la decretó atendiendo a su estado de salud y a la «indefensión» sufrida por su cliente, que no sabe los hechos concretos que se le imputan debido al secreto de sumario que pesa sobre la causa. El que fuera responsable de la educación regional, que fue examinado el pasado martes por tres médicos forenses en los juzgados de Gijón, padece una severa patología cardiaca, una enfermedad que, a pesar de todo, no le impidió, en palabras de la fiscal, «cometer los delitos que se le imputan». «Su entrada en prisión fue legal, constitucional y lícita» concluyó ayer por la mañana de ayer García.

La magistrada que instruye la causa, la titular del Juzgado número 4 de instrucción de Gijón, Ana López Pandiella, justificó hace un mes la entrada en la cárcel del ex consejero, de su ex número dos, María Jesús Otero y de la funcionaria Marta Renedo amparándose en el riesgo de fuga y de ocultación de pruebas fundamentales para una investigación que representaba su libertad. La fiscal asegura que este panorama no ha cambiado ahora, cuatro semanas después «la investigación podría llevarnos a otros derroteros». María Luisa García se preguntó ante el tribunal «¿para quién aplicamos el riesgo de fuga si no es para alguien como el ex consejero? ¿para un delincuente que da un tirón y que no tiene dónde caerse muerto? Este tipo de medida se basa en varios criterios, y es evidente que a mayor pena, mayor tentación de huir».

La Policía analiza estos días «una furgoneta llena» de documentos que fueron solicitados a la Consejería de Educación por parte de la magistrada Ana López Pandiella. En cuanto acabe este análisis «será la fiscalía, a lo mejor dentro de una semana, la que inste la libertad del señor Riopedre; no tenemos la intención de que cumpla ni un solo día más de prisión provisional de los que sean necesarios para la investigación». En base a esta misma argumentación María Luisa García pidió también el mantenimiento de los autos de prisión para los otros dos encarcelados: María Jesús Otero y Marta Renedo Avilés. «Estamos esperando además un informe de la Agencia Tributaria, podrían destruir parte de las pruebas al salir de la cárcel».

A pesar de que el abogado de la que fuera jefa de servicio de Procesos Administrativos, Marta Renedo, asegura que ésta conocía la investigación desde hace un año, la fiscal mantiene que la acusada «ha malversado dinero y ha suplantado la identidad de varias personas, y eso es muy grave: dígaselo al que paga todos los meses sus impuestos, ella sólo pensaba que la estaban investigando por una incompatibilidad de funciones». «Además participó en gravísimos delitos relacionados con las empresas imputadas», insistió García con relación al propietario de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, y al dueño de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz. Ambos propietarios se encuentran actualmente en libertad con cargos tras haber abonado en el Juzgado una fianza de 300.000 euros por orden de la juez instructora.

La magistrada ordenó la pasada semana el embargo de los bienes de los tres encarcelados. Sergio Herrero asegura que el que fuera consejero de Educación tan sólo posee un piso en Oviedo y tres cuentas bancarias, en la de mayor cuantía la familia tiene ingresados unos 1.307 euros. «¿Cómo podría fugarse una persona así?» se preguntó el letrado, quien ya apuntó en su día la posibilidad incluso de solicitar el amparo del Tribunal Constitucional en caso de que la Audiencia Provincial rechace su recurso. Los magistrados asturianos decidirán en torno a las órdenes de prisión «probablemente antes de que acabe esta semana», según informaron ayer fuentes del Tribunal Superior de Justicia.