La Fiscalía considera «ventajoso» separar la causa contra Renedo de la de Riopedre

Gijón, R. GARCÍA

Los sucesivos recursos presentados por los abogados de los cinco encausados dentro de la denominada «operación Marea» han abierto la puerta a un nuevo debate: el de la separación del procedimiento judicial en dos procesos bien diferenciados. Así, por una parte, el Juzgado investigaría lo referente a la supuesta malversación de caudales públicos y el fraude cometido por la que fuera jefa de Procesos Administrativos, Marta Renedo Avilés, y, por la otra, se juzgarían los delitos que, fruto de las escuchas telefónicas, se imputan a los responsables de la Consejería de Educación. «En el curso de unas escuchas telefónicas autorizadas, se supone, se debieron captar conversaciones que llevaron a otros hechos supuestamente delictivos, que nada tendrían que ver con la malversación inicialmente investigada», dice en su recurso, ante la Audiencia, Ángel Bernal, abogado de María Jesús Otero.

Ni siquiera la Fiscalía cierra la puerta a esa posible división de la investigación. Fuentes próximas al ministerio público califican de «ventajosa» la separación de los procedimientos, ya que esta medida traería consigo una «aceleración y especialización». «Es algo que se podría estudiar en un futuro y que podría ser beneficioso», aseguran.

En el caso de que prosperase esta medida y, además, que la Audiencia Provincial no fuera partidaria del traslado del caso a Oviedo, la juez gijonesa Ana López Pandiella pasaría a hacerse cargo de la instrucción de dos procedimientos separados en los que, eso sí, puede darse la circunstancia de que alguno de los acusados tenga que comparecer en dos juicios (siendo el caso más evidente el de los empresarios).

Pero no todo podría ser tan fácil ni con unidad de criterios. Algunos de los abogados personados en la causa ya apuntaban ayer que se podría pedir la «nulidad de las actuaciones», en caso de que prosperar esa división, por «fallos de procedimiento».

Donde también hay argumentaciones semejantes es en las defensas tanto de José Luis Iglesias Riopedre como de María Jesús Otero Rebollada, que han coincidido, en sus recursos ante la sección octava de la Audiencia Provincial, para que se revoque la prisión provisional sin fianza, en la indefensión a la que están sometidos sus clientes, ya que apenas alcanzan a intuir de qué se les acusa. «Ni ante la juez instructora, ni en las dependencias policiales donde estuvo detenida, se le informó de los hechos concretos que motivan el caso, más allá de la genérica invocación a una pluralidad de tipos penales», expone el abogado de María Jesús Otero, Ángel Bernal, quien recalca que «aún así» su clienta «quiso explicarle a la instructora (Ana López Pandiella) lo que buenamente pudo de lo que se le preguntó, dado que se le interrogaba acerca de datos de movimientos bancarios puntuales de hacía años».

La defensa de María Jesús Otero también destaca, para el análisis de la Audiencia, que hasta el letrado de los servicios jurídicos del Principado de Asturias, personado como acusación particular en la «operación Marea», «se opuso a la prisión provisional» de la ex directora general, por entender que no concurren los requisitos legales para dicha medida. Ese no fue el único apoyo que iba a prestar el Principado a la ex directora general en su declaración ante la juez gijonesa.

El abogado de María Jesús Otero explica en su recurso que fue «muy clarificador» el «particular énfasis» que puso el abogado del Principado al «negar rotundamente la mecánica supuestamente defraudatoria que la instructora le atribuye a María Jesús Otero». Según Bernal, «no es cierto ni puede serlo que ella o el consejero de Educación adjudicaran los contratos a las empresas Igrafo y Almacenes Pumarín, pues ni tenían competencia para ello ni había adjudicación o concurso de ningún tipo, ni mucho menos participaron en mesa de contratación alguna al efecto». La defensa sostiene que en la base están unos «contratos ya aprobados por el Consejo de Gobierno del Principado para el suministro de materiales escolares, en el que se homologan a proveedores y precios que, luego, pueden ser escogidos libremente para la compra concreta del material». Esas compras y actuaciones que se atribuyen a Otero, según el abogado, «no pueden ser consideradas en modo alguno ilícitas ni mucho menos delictivas, sino perfectamente legales». Ángel Bernal destaca que el propio letrado del Principado indicó ante la juez «que no puede haber delito alguno en esta concreta materia, y que en lo demás habrá que estar al resultado de la investigación». Por todo ello, para el Principado no procedía medida cautelar alguna «por la ausencia de gravedad y de riesgo de fuga o de ocultación de pruebas».