Gerardo Herrero exige que se deje trabajar a la justicia sin presiones

Oviedo / Gijón, R. G. / J. E. M.

La Fiscalía Superior del Principado de Asturias, que dirige Gerardo Herrero, reclamó ayer tranquilidad para dejar trabajar, «al margen de cualquier controversia ajena a lo estrictamente jurídico», a la administración de justicia en la investigación de la «operación Marea», la supuesta trama de corrupción integrada por políticos, empresarios y funcionarios que se habrían beneficiado con contratos irregulares formalizados, según lo que ha trascendido de lo investigado, en al menos dos departamentos del Principado: la Consejería de Educación y la de Administraciones Públicas.

El sumario ya ha llevado a prisión al ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre (que podría quedar en libertad en cualquier momento, nada más que presente una fianza de cien mil euros, una vez que la Audiencia Provincial ha estimado su recurso contra el auto de encarcelamiento); a la que fue su «número dos» en la Consejería, la ex directora general María Jesús Otero Rebollada, y a la funcionaria jefa de servicio en Administraciones Públicas Marta Renedo Avilés. En libertad, tras abonar una fianza de trescientos mil euros, se encuentran los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Sánchez, de Igrafo y Almacenes Pumarín.

El ministerio público arropa a la fiscal del caso, María Luisa García, y asegura que sus actuaciones cuentan con el aval de sus superiores. «El ministerio público es una institución jerárquica en la que existe unidad de actuación», explican desde la Fiscalía Superior del Principado de Asturias, para añadir que el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, está al tanto de las actuaciones realizadas. «La investigación del asunto ha sido desarrollada desde el inicio de la misma por la fiscal María Luisa García Vega, perteneciente a la fiscalía de área de Gijón, con la supervisión de la fiscal jefe de Gijón, Rosa María Álvarez, y del fiscal superior del Principado de Asturias, Gerardo Herrero, quien a su vez dio cuenta a la Fiscalía General del Estado», explicó ayer la Fiscalía Superior mediante un comunicado.

Hasta ahora, la actuación de la fiscal María Luisa García ha pasado por solicitar el ingreso en prisión de todos los imputados, algo en lo que, salvo en el caso de los empresarios, ha encontrado siempre el respaldo de la juez Ana López Pandiella. Donde no coincidió García con la instructora del caso fue en la petición de inhibición de la juez para trasladar el sumario a un Juzgado de Oviedo. García considera que la instrucción es competencia del partido judicial de Oviedo, algo que rechaza Ana López Pandiella, que está estudiando un recurso contra esa decisión.