El Gobierno afirma que dará explicaciones cuando «existan unas condiciones mínimas»

Ana Rosa Migoya. / EFE

Oviedo,

Pablo GONZÁLEZ

El Gobierno del Principado, que preside Vicente Álvarez Areces, comparecerá ante el Parlamento asturiano para explicar lo que sabe sobre la «operación Marea», que investiga una supuesta trama corrupta en la Administración regional en la que está implicados ex altos cargos políticos y del funcionariado, cuando «existan unas condiciones mínimas desde el punto de vista del sumario». Así se expresó ayer Ana Rosa Migoya en su papel como portavoz del Ejecutivo socialista, que además defendió el buen funcionamiento de los controles del Principado establecidos para evitar este tipo de casos. Migoya no se salió de este mensaje: cualquier comparecencia por el «caso Marea» ante el Parlamento pasa por que todo el sumario -y no una parte como hasta ahora- deje de ser secreto.

Con las elecciones autonómicas fijadas para el próximo domingo 22, y con un secreto de sumario parcial que el juez puede alargar todo el tiempo que considere oportuno, al actual Ejecutivo regional le quedan pocas semanas para poder dar explicaciones ante la Junta General. En principio, el actual Gobierno quedará en funciones hasta el mes de julio, cuando se configure la Cámara y se forme el nuevo Gobierno. Ante esta posibilidad, Jesús Iglesias, líder de IU, socio de los socialistas en el Gobierno del Principado, advirtió ayer a sus compañeros de viaje de que «es imprescindible una explicación» y aseguró que «no cabe otra alternativa que dar la cara». Por eso solicitó que «se fije una fecha razonable para dar explicaciones».

Lo que se ha hecho público hasta el momento del sumario es lo que atañe a cinco de los imputados en esta supuesta trama corrupta en el seno del Gobierno y la Administración regional: José Luis Iglesias Riopedre, ex consejero de Educación, María Jesús Otero, ex directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras, Marta Renedo, alta funcionaria de la Consejería de Administraciones Públicas y los empresarios Víctor Manuel Muñiz (Igrafo) y Alfonso Carlos Sánchez (Almacenes Pumarín).

Migoya salió al paso de las críticas que se han vertido en los últimos días contra la resistencia del Gobierno a comparecer ante la Junta General sobre el «caso Marea». De mano, la portavoz del Gobierno regional advirtió de que el Ejecutivo autonómico «ha dicho que va a comparecer, y va a comparecer. No tiene nada que ocultar, todo lo contrario». Migoya resaltó entonces cómo el Ejecutivo asturiano «ha sido un agente muy activo en esta investigación». Y aseveró que «seguimos en este momento (siéndolo) porque se nos está requiriendo nueva documentación y gestiones».

La portavoz del Gobierno también defendió el funcionamiento de los controles que existen en la Administración del Principado a pesar de que Marta Renedo, la jefa de servicio que Migoya tuvo tanto en su etapa al frente de Cultura como al frente de Administraciones Públicas, comenzó supuestamente a desviar fondos del Principado irregularmente a cuentas bancarias que ella controlaba ya en el año 2003, etapa en la que la alta funcionaria estaba destinada en la Consejería de Bienestar Social. «Quien delinque lo hace de la manera en que pueda burlar los controles. ¿Quiere decir que los controles no existen? No, los controles existen», señaló Migoya para proseguir: «Y de hecho se detectó y se denunció porque nosotros denunciamos el desvío de fondos públicos a una determinada empresa que era propiedad de la funcionaria. De manera que los controles funcionaron. Y eso es lo que hemos dicho siempre. A partir de ahí, de esa denuncia, hemos estado colaborando permanentemente con la Administración de justicia y la investigación policial en todo lo que se nos ha requerido», apuntó la Consejera.

Además, Ana Rosa Migoya reivindicó el trabajo «eficaz y honesto» de la «inmensa mayoría» de los 36.000 trabajadores públicos con los que cuenta la Administración del Principado ante la investigación abierta dentro de la «operación Marea» contra quince de ellos por estar vinculados a empresas que trabajan con el Principado. «Si se detectase alguna irregularidad los responsables tendrán que rendir cuentas ante la Justicia», sentenció la portavoz del Gobierno.