El Gobierno dará explicaciones sólo cuando se levante el secreto de sumario

El Gobierno regional comparecerá en el Parlamento asturiano «una vez que se levante el secreto de sumario para dar explicaciones de cómo se ha actuado con todo rigor y diligencia y con mucha contundencia desde el principio» en relación al caso de supuesta corrupción por el que han sido detenidos el ex consejero de Educación, su «número dos», una jefa de servicio y dos empresarios, según señaló ayer la portavoz del Ejecutivo, Ana Rosa Migoya. Es decir, la intención del Gobierno es acudir a dar explicaciones a la Junta General sólo cuando se conozcan las pruebas que tiene la juez para acusar al ex consejero y a la ex directora general.

Ana Rosa Migoya aseguró que, a día de ayer, el Principado no había detectado ningún tipo de «irregularidades administrativas» en el ámbito de la Consejería de Educación.

El Consejo de Gobierno «cree que no es conveniente que se hagan juicios públicos paralelos», declaró Migoya, quien también envió un mensaje al principal partido de la oposición. «Rechazamos la acusación del Partido Popular de que es una cuestión generalizable. El PP trata de poner en cuestión el trabajo de muchos empleados públicos y de muchos responsables de la Administración. Y esto es absolutamente rechazable».

La consejera de Administraciones Públicas defendió que los procedimientos que se siguen en el Principado son idénticos a los que llevan a cabo otras administraciones. «Por lo tanto, que no se trate de generalizar», afirmó.

Según Migoya, este caso de supuesta corrupción «no está en el cómputo de la Administración, sino circunscrito a determinadas personas», empleando así el mismo argumento que utilizó el pasado martes el secretario general de la FSA, Javier Fernández. Más adelante insistió en que «lo que ha fallado es una persona», en alusión a Marta Renedo, pero no dijo nada de su ex compañero en el Consejo de Gobierno.

Más adelante, aseguró que al Ejecutivo regional no le «consta» que la Consejería de Educación incurriese en «irregularidades administrativas». Migoya sí hizo mención ayer a la presunción de inocencia para todos los detenidos: «Si son inocentes, en el Estado de derecho la presunción de inocencia siempre está ahí, podrán demostrarlo, y si son culpables, pues que recaiga todo el peso de la ley».

Ni la portavoz del Ejecutivo ni la Consejería de Economía revelaron ayer el dinero que ha pagado el Principado a las dos empresas objeto de investigación, Igrafo y Almacenes Pumarín, durante la actual legislatura.