Historia de una chapuza

Oviedo, José A. ORDÓÑEZ

Una de las «reglas de oro» de todo desfalco económico es no dejar ni rastro del dinero sustraído. Según los expertos fiscales consultados, se puede calificar de auténtica «chapuza» aquel proceder delictivo que incluya ingresar importantes cantidades del botín en sucursales bancarias situadas a sólo 25 kilómetros del lugar de residencia del sustractor y, además, abrir cuentas a nombre de desconocidas terceras personas que, ni de lejos, puedan justificar tales ingresos ante el ojo que todo lo ve de la Agencia Tributaria.

Tal proceder «chapucero» fue, según se desprende de la investigación, precisamente el seguido por Marta Renedo Avilés. No sólo corrió el riesgo de que la descubrieran las propias personas a las que usurpaba la identidad para abrir cuentas bancarias sino que también se colocó totalmente al alcance de las inspecciones de la Agencia Tributaria. Por ahí empezó su caída. Por el aroma del dinero que distraía de las arcas públicas.

Según fuentes cercanas a la investigación, la ex jefa de servicio de Procesos Administrativos de la Consejería de Administraciones Públicas habría obtenido en torno a 1,8 millones de euros en sus andanzas delictivas. Utilizaba tres métodos. Por un lado, adjudicaba contratos de obra y de servicios a empresas creadas por ella misma. Según los datos del registro, sólo con Implans Mounts, una sociedad creada en julio de 2008, ya logró unos beneficios de 519.152 euros entre ese ejercicio y el siguiente. Además, también habría cobrado comisiones por las obras que contribuía a adjudicar y certificaba de forma fraudulenta pagos a cuentas abiertas a nombre de, al menos, tres personas, cuyos datos habría obtenido de los archivos de la Administración regional. Ella misma daba «luz verde» a los abonos con la firma falsificada de su superior, proceder que repitió durante meses antes de ser descubierta. Y precisamente por Hacienda.

La investigación sobre Renedo comenzó hace poco más de un año. La pista: el dinero. Una joven trabajadora de un supermercado de Gijón recibió una notificación en la que la Agencia Tributaria le pedía explicaciones por un depósito de 134.400 euros en una cuenta abierta a su nombre en un banco de la ciudad. Sorprendida por el desconocimiento de la cuenta y del ingreso, y asustada por la reclamación de Hacienda, la mujer presentó una denuncia en la Comisaría de El Natahoyo el 3 de febrero de 2010. El hilo llevó hasta Marta Renedo Avilés.

En otra ocasión, la ex jefa de Procesos Administrativos se sirvió de una anciana nonagenaria, cuyos datos personales «pirateó» de una petición de subvención regional para comprar una silla de ruedas. La mujer falleció este verano, a los 98 años, sin ver resuelto el caso y sus familiares aseguran que el disgusto aceleró su muerte. El tercer caso es el de otra gijonesa a la que Renedo llegó a pedir de rodillas que no la denunciara, tras perseguirla por Gijón. La mujer se refugió en el Ateneo de La Calzada huyendo de Renedo.

Los expertos consultados consideran «normal» que la Agencia Tributaria se pusiera en guardia al detectar que la cajera de un supermercado de Gijón ingresaba de golpe 134.400 euros en un banco. Es su forma de proceder «habitual». Y lo mismo en el caso de una nonagenaria que, de repente, tenía en la cuenta una cantidad equivalente al «sueldo de dos años», según relataron sus familiares a LA NUEVA ESPAÑA. «Es corriente que la Agencia pida que se aclare el origen de una cantidad de dinero que la persona en cuestión no puede justificar con sus ingresos habituales», señala un conocido asesor fiscal asturiano, a quien también extraña el hecho de que la imputada abriera sin mayores problemas cuentas bancarias a nombre de otras personas y que, después, pudiera disponer libremente del dinero. «Es muy raro, aunque la funcionaria pueda aparecer asociada a las cuentas en cuestión», precisa. En este sentido, también hay que tener en cuenta que la normativa contra el blanqueo de capitales, uno de los muchos delitos que se están investigando en la «operación Marea», obliga a las entidades bancarias a informar a la Policía cuando detecten transferencias poco claras.