Igrafo declara que su relación con Educación no cambió tras salir Riopedre del Gobierno

Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, libres tras declarar. / LNE

Oviedo / Gijón, J. E. M.

El empresario de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz Menéndez, aseguró en su declaración ante la juez Ana López Pandiella, la magistrada que dirige la investigación de la supuesta trama corrupta que llevaba a cabo contrataciones irregulares con la Administración del Principado, que la salida del ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre del Gobierno no cambió para nada la relación que mantenía su empresa con el departamento y que ésta siguió siendo igual de fluida una vez que Riopedre fue sustituido por Herminio Sastre, actual consejero. Eso fue al menos lo que dijo Muñiz Menéndez el 27 de enero; hoy, que ha trascendido que el Principado ha cancelado con Igrafo algunos contratos, como el equipamiento del Niemeyer, se desconoce si opina lo mismo.

Víctor Manuel Muñiz Menéndez es uno de los empresarios imputados en la «operación Marea». El otro es Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, propietario de Almacenes Pumarín. Ambos se encuentran en libertad bajo fianza acusados de cohecho y tráfico de influencias. Precisamente, a este último delito se refirió Muñiz en su declaración. Según las fuentes consultadas ayer por este diario, «Muñiz aseguró a la juez que, pese a ir bien, su negocio no da como para ejercer tráfico de influencias».

Junto a los empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín, la juez Ana López Pandiella mantiene imputados también, y en este caso en prisión, al ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre; a la que fue su «número dos» en el departamento, María Jesús Otero Rebollada, y a la funcionaria Marta Renedo Avilés.

Sobre ésta última, desde el entorno del empresario se niega, aunque eso no consta en su declaración, que como se desprende de la testifical de Marta Renedo, Igrafo haya hecho pagos a la funcionaria después de que ésta fuese cesada como jefa de servicios de Procesos Administrativos. Se refieren concretamente a un pago de 36.000 euros que Igrafo habría hecho llegar a Renedo meses después de ser cesada en Administraciones Públicas, a mediados de febrero, hace un año. Igrafo niega este pago.

Sobre Igrafo también, Marta Renedo aseguró en su declaración que nunca amañó pagos con esta empresa, llegando a apuntar que los contactos con Víctor Manuel Muñiz los llevaban «los directores generales y los consejeros». Renedo, por el contrario, aseguró que los pagos a Implans Mounts eran algo exclusivo suyo y que nadie en Administraciones Públicas estaba al tanto de ellos.

Para hoy está previsto que la brigada de delitos económicos de la Policía Nacional de Gijón proceda al volcado de los datos de algunos de los ordenadores requisados durante la «operación Marea». Para ello, el Juzgado ha citado a algunos de los letrados de las defensas. Se trata de que asistan a la inspección de los ordenadores para dar validez legal al proceso. Y en el frente político, ayer, valoró el caso el presidente de la Federación Asturiana de Concejos, Juan Fernández Pereiro, que señaló que «las malas prácticas con los contratos son casos aislados» y pidió respeto al trabajo de la juez Ana López Pandiella, y también para que predomine la presunción de inocencia con los detenidos, al menos hasta que los hechos estén juzgados y haya sentencia en firme.