Igrafo presenta concurso de acreedores

Gijón / Oviedo,

R. GARCÍA / J. E. MENCÍA

La empresa Comercial Asturiana de Papelería (Igrafo) acaba de presentar un concurso de acreedores -la antigua suspensión de pagos- para tratar de hacer frente a la delicada situación económica que atraviesa la compañía, una situación que se habría agravado, según los responsables de la empresa, por la supuesta implicación de uno de los propietarios de la firma, Víctor Manuel Muñiz Menéndez, en la trama de corrupción que investiga la juez gijonesa Ana López Pandiella.

La instrucción del sumario, declarado secreto desde febrero de 2010, ya ha llevado a prisión al ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, a la que fuera su «mano derecha» en el departamento, María Jesús Otero, y a la ex jefa de servicio de Procesos Administrativos en la Consejería de Administraciones Públicas, Marta Renedo Avilés. En libertad bajo fianza, como el citado Muñiz Menéndez, se encuentra el propietario de la empresa Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez. Todos están imputados en la investigación de una supuesta trama corrupta que llevaba a cabo contrataciones irregulares con la Administración del Principado.

Igrafo, que cuenta con cincuenta empleados, presentó el concurso de acreedores el pasado viernes. Ayer quedó en manos del Juzgado número dos de lo mercantil. La decisión fue confirmada a LA NUEVA ESPAÑA por Miguel Hevia-Valdés, representante legal de la compañía.

La empresa también justifica «la suspensión de pagos» en la caída de ventas que viene provocando la crisis desde 2007. Desde Igrafo explican que hace meses que barajaban acometer una reestructuración de los distintos departamentos, aunque reconocen que ha sido la investigación judicial de la «operación Marea» y la implicación de uno de sus propietarios, Víctor Manuel Muñiz, en el sumario lo que ha precipitado la suspensión de pagos. Las fuentes consultadas ayer señalan que el hecho de hallarse inmersos en la investigación judicial ha conllevado un grave perjuicio para la imagen de la compañía con la consiguiente fuga de contratos y clientes y, peor aún, con la pérdida de la confianza de bancos y proveedores. Igrafo trabajaba con pólizas de crédito concedidas por al menos dieciocho entidades. Las pólizas de crédito son habituales cuando la cartera de clientes incluye administraciones públicas, que suelen demorarse en los pagos. Esas pólizas, abiertas por determinada cantidad, permiten ir tirando de los depósitos para adelantar los cobros. El dinero se devuelve luego con intereses. Ahora, cinco bancos han decidido suspender ese crédito a Igrafo y reclamar la devolución de las pólizas.