La juez aprecia indicios de que la trama corrupta obtuvo «inmensos beneficios»

José Luis Iglesias Riopedre, en la mañana de ayer, a la salida de los Juzgados de Gijón. / Ángel González

Gijón / Oviedo,

R. GARCÍA / L. Á. VEGA

La juez Ana López Pandiella considera que los imputados dentro de la denominada «operación Marea» contra la corrupción obtuvieron, «a la luz de las pruebas hasta ahora practicadas», un «inmenso beneficio» gracias a la supuesta corruptela de contratos públicos. La magistrada justifica de esta manera el rechazo a los recursos que los abogados impusieron en su día contra la orden judicial que bloquea los bienes de los cinco imputados: el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre; la que fuera su número dos en el gobierno regional, María Jesús Otero; la funcionaria Marta Renedo Avilés, y los empresarios Víctor Manuel Muñiz, propietario de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, dueño de Almacenes Pumarín.

La juez valora en su resolución, por primera vez aunque sin dar cifras, el daño que la trama ha podido causar a la Administración pública. Pandiella razona en el auto, al que ha tenido acceso este periódico, que hay riesgo de que, «una vez alzado el secreto de las actuaciones», «los presuntos responsables de los hechos puedan realizar maniobras para hacer desaparecer de sus cuentas el dinero o sacar de su patrimonio los bienes de los que son titulares, haciendo de este modo imposible la exacción de la responsabilidad civil». A finales del mes de enero Pandiella aseguró que los responsables de esta trama «dispensaban un activo trato de favor» a determinadas empresas «adjudicándoles continuadamente obras o servicios públicos a cambio de recibir importantes sumas de dinero».

La nueva decisión de la juez, que aún no es firme, es que la Sección Octava de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Gijón, deberá decidir ahora sobre estos recursos que ya han sido elevados al tribunal para su estudio.

A pesar de este razonamiento los abogados siguen considerando injusta la medida: «Nos está dejando en la indigencia». El bloqueo de las cuentas, aseguran, perjudica a sus clientes, «que no pueden pagar los recibos ni llevar una vida normal». El perjuicio es mayor en el caso de los empresarios, «que están atravesando malos momentos y tienen a muchos empleados a su cargo».

Mientras, el procedimiento judicial continúa su curso. Tranquilo, sereno, sonriente y con, algo que llamó mucho la atención, su cartera de consejero del Gobierno del Principado de Asturias en la mano, el ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre acudió ayer al Juzgado de instrucción número 4 de Gijón para cumplir con la orden dictada por la Audiencia Provincial que le obliga a personarse cada quince días en las dependencias judiciales. Los magistrados de la Sección Octava del tribunal asturiano permitieron a finales de febrero la puesta en libertad bajo fianza de 100.000 euros del político. «Todo esto es un mal sueño que terminará algún día», reflexionó. El ex consejero acudió a su cita con la justicia cinco minutos antes de que abrieran las puertas del Juzgado, a las nueve de la mañana. Sin hacer declaraciones ante las cámaras, Riopedre esperó pacientemente hasta que los funcionarios abrieron la puerta del Juzgado manteniendo una conversación informal con los periodistas que le esperaban: «Tengo la conciencia muy tranquila». El político, que se someterá el próximo jueves a un nuevo chequeo médico para valorar su complicado estado de salud, salió de la prisión de Villabona el lunes 7 de marzo. Sólo 24 horas después de su salida de la cárcel ofreció una conferencia de prensa en la que defendió su inocencia hasta en tres ocasiones: «No sé de qué se me acusa». «Voy a solicitar, por comodidad, que la magistrada me deje firmar en Oviedo, porque es más cómodo para mí», concluyó Riopedre. Su abogado ya ha iniciado estos trámites. En la mañana de ayer el político, de origen gallego, tardó sólo cinco minutos en salir de los juzgados y abandonó a pie la zona: «Ha sido rápido esto, hay que firmar y en eso no se tarda».

En prisión provisional comunicada y sin fianza permanecen entre tanto María Jesús Otero y Marta Renedo Avilés. Los dos empresarios implicados en la trama se encuentran en libertad con cargos después de depositar en el Juzgado una fianza de 300.000 euros.