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Nueve «hombres buenos» decidirán

Los delitos que la juez Ana López Pandiella imputa a políticos, funcionarios y empresarios se juzgan según la ley del jurado popular- Varios letrados que ejercen la defensa advierten ya de que «la mayoría de los abogados suele evitar este tipo de procesos judiciales»

Lunes 14 de Marzo de 2011

Gijón, R. GARCÍA

Los acusados dentro de la «operación Marea» contra la corrupción podrían ser juzgados por un jurado compuesto por nueve ciudadanos elegidos al azar y un magistrado. «Nueve hombres buenos», como se les denomina de forma popular en referencia al Derecho estadounidense. A pesar de que en palabras de la Policía, «aún quedan meses de investigación», los abogados preparan ya el largo proceso en el que deberán comparecer sus clientes. Luis Tuero, representante de la funcionaria Marta Renedo Avilés, aseguró durante la vista oral celebrada en la Audiencia contra la orden de ingreso en prisión de su clienta que la funcionaria sería juzgada «por un jurado popular». El resto de abogados baraja esta posibilidad, que ninguno de ellos descarta. «Es lo más probable», aseguran. Ejemplos en el entorno no faltan, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, será juzgado mediante esta fórmula. En Asturias, un jurado popular ya declaró «no culpable» a Laudelino Campelo, antiguo portavoz del PSOE en Langreo, de pedir comisiones ilegales por la instalación de un híper.

La legislación española prevé la apertura de un juicio por jurado cuando los delitos que se enjuician son los de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios. En el caso de la «operación Marea» los cinco ciudadanos que engrosan la lista de imputados están acusados de alguno de estos delitos. La juez que instruye el proceso, Ana López Pandiella, acusa a los tres altos cargos imputados -el ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, la que fuera su número dos María Jesús Otero y Marta Renedo- de al menos dos de estas infracciones. En la acusación de Riopedre (en libertad bajo fianza) concurren todos los delitos del jurado. Los empresarios implicados -el propietario de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y el de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez- están acusados de cohecho y tráfico de influencias.

«Una vez que se abra el procedimiento habrá que decidir cuál es la acusación que más pesa entre todas, será entonces cuando se decida si se lleva por jurado», reflexiona uno de los abogados, quien reconoce que «todos los profesionales solemos huir de este tipo de procesos». Fuentes jurídicas apuntan a lo duro que podría ser un jurado con este caso: «No olvidemos que se están juzgado cosas que afectan a todos los ciudadanos». Como paso previo, el tribunal elige un número amplio de posibles jurados, que pueden ser rechazados por las partes.

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