La juez decidirá si imputa al bancario y los empresarios acusados por la Policía

Gijón, R. GARCÍA

La magistrada titular del Juzgado de instrucción número 4 de Gijón, Ana López Pandiella, decidirá en los próximos días si imputa al hijo de José Luis Iglesias Riopedre, a un empleado de un banco y al propietario de la firma Asac Comunicaciones en la investigación judicial que instruye contra la corrupción. Pandiella debe decidir sobre la imputación después de que la Policía haya formulado acusación contra ellos al considerar que han incurrido en varios delitos relacionados con la «operación Marea». Los tres acusados podrían pasar a formar parte del plantel de imputados que ya conforman el ex consejero de Educación Iglesias Riopedre; la ex «número dos» del departamento, María Jesús Otero; la funcionaria Marta Renedo Avilés (los tres en la cárcel) y los empresarios Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, y Alfonso Sánchez, de Almacenes Pumarín (en libertad tras pagar una fianza de trescientos mil euros).

El primero de los empresarios a los que la Policía considera autor de varios delitos es el hijo del ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre. E. I. G., propietario de la empresa Geogal, acudió a la Comisaría de El Natahoyo de Gijón la pasada semana acompañado por un abogado. Tras leerle sus derechos, los agentes del grupo de delitos económicos le interrogaron sobre los contratos que había firmado con otras de las empresas relacionadas con la trama corrupta. En esta misma línea de investigación también ha entrado el gerente de Asac Comunicaciones, M. F., que fue llamado a declarar el pasado miércoles. Ese mismo día los agentes interrogaron al tercer nuevo acusado policial dentro de la trama, un bancario que, supuestamente, avisó a uno de los acusados de que la Policía estaba investigando sus cuentas.

Los agentes ya han informado de todo lo actuado a la juez encargada del caso. López Pandiella deberá ahora decidir los próximos pasos de la investigación. Está previsto que la magistrada tome declaración a estos tres nuevos imputados en los próximos días. Tras su paso por las dependencias judiciales, los investigados podrán pasar a formar parte de la lista de imputados de la «operación Marea».

La Policía lleva varios meses investigando las relaciones que establecía la empresa Implants Mounts, cuya administradora única era la funcionaria Marta Renedo Avilés. Entre otros, los policías han logrado constatar contratos de esta firma con otras imputadas en el procedimiento penal, tales como Igrafo, Almacenes Pumarín o Asac Comunicaciones. Este periódico intentó sin éxito en la tarde de ayer ponerse en contacto con el responsable de esta última firma. El empresario rehusó hacer declaraciones tras su salida de la Comisaría.

Entre tanto, la sección octava de la Audiencia Provincial deberá decidir en los próximos días en torno a los recursos presentados por las partes contra la no inhibición de la juez Ana López Pandiella. El presidente de esta sala, Bernardo Donapetry, tiene además en sus manos las alegaciones de los abogados contra las órdenes de prisión.