El juez estima que el Principado es también responsable civil, aparte de perjudicado

Oviedo, P. GONZÁLEZ /

L. Á. VEGA

El juez instructor de la «operación Marea», Ángel Sorando, ha pasado a considerar al Principado como responsable civil subsidiario en la causa, aparte de perjudicado, de forma que, en el hipotético caso de que se condenase a los implicados a pagar indemnizaciones y éstas no pudiesen ser satisfechas, tendría que ser la Administración regional las que las abonase. No debe olvidarse que todo este asunto partió de una investigación por un supuesto fraude fiscal. Este cambio ha motivado que los servicios jurídicos de la Administración hayan presentado un recurso de reforma con el que pretenden volver a ser únicamente perjudicados en este caso.

El recurso presentado por el letrado del Principado Juan Serra ante el Juzgado de instrucción número 2 de Oviedo hace referencia a una providencia del juez Sorando del pasado 29 de abril, en «la que se tiene por personada a la Administración como perjudicada y responsable civil en las diligencias abiertas contra Marta Renedo y otros».

En el recurso, el Principado sostiene que «en las diligencias tramitadas en el Juzgado número 4 de Gijón la Administración se personó en calidad de acusación particular, obviamente por su condición de perjudicada». Para Serra, «no existe dato alguno que obligue a cambiar esa cualidad, con independencia de que además se pueda plantear una responsabilidad civil subsidiaria de la Administración por la actuación dolosa de alguno de sus funcionarios». El recurso continúa señalando que la providencia «introduce una variación en su posición procesal que le perjudica, porque la posición de perjudicado que se establece no es propiamente la de parte acusadora, y la de responsable civil no tiene, como es conocido, el mismo alcance que la de acusación particular...».

El recurso aporta la decisión de la Sección Octava de la Audiencia del 4 de mayo del año pasado en la que se aceptaba la personación de la Administración con acusación particular, rechazada hasta ese momento por la instructora. La Audiencia estimó que, «considerando que fue la iniciativa de la Administración, dando cuenta al fiscal de unos hechos que pudieran ser constitutivos de infracción penal, lo que motivó la incoación de las diligencias penales, procede la estimación del recurso» y aceptar al Principado como acusación particular.