La Nueva España » Operación Marea » Noticias de la operación Marea » El juez investiga una factura de 200.000 euros para un centro cultural «fantasma» en Valdés

El juez investiga una factura de 200.000 euros para un centro cultural «fantasma» en Valdés

La asociación de Belén se desvincula de la supuesta inversión que, aprobada en 2007, incluía la compra de doscientas papeleras y nunca llegó a realizarse

Viernes 28 de Octubre de 2011
El juez investiga una factura de 200.000 euros para un centro cultural «fantasma» en Valdés
Los vecinos, en la inauguración del local social de Belén, en marzo de 2010. / Ana Serrano

Luarca / Oviedo,

A. SERRANO / L. Á. V.

Un grupo de agentes del Cuerpo Nacional de Policía se desplazó en días pasados a Belén de la Montaña (Valdés), dentro de las investigaciones que desarrolla el juez Ángel Sorando dentro de la «operación Marea», para comprobar la veracidad de una factura de 200.000 euros emitida por la Consejería de Cultura del Principado y en la que figura un presupuesto para la construcción de un centro cultural en la localidad valdesana, así como la compra de doscientas papeleras para su instalación en el mismo núcleo. La factura data de principios de 2007 y sería una de las recientemente facilitadas por el nuevo Gobierno del Principado al juez del caso.

Según fuentes conocedoras de la instrucción, los agentes nacionales desplazados hasta Belén de la Montaña, vestidos de paisano y supuestamente adscritos al Grupo de Delincuencia Económica, inspeccionaron la localidad para comprobar si las inversiones que figuraban en la factura habían llegado a realizarse. La presencia de los policías, que se entrevistaron con miembros de la asociación cultural de la localidad, causó un gran revuelo entre los vecinos. Finalmente comprobaron que ni existe centro cultural alguno ni tampoco han sido colocadas las papeleras.

No obstante, sí es cierto que en esta pequeña localidad situada en la braña del suroccidente de Valdés existe un local social, situado en la planta baja de las antiguas escuelas, cuyo acondicionamiento costó 50.000 euros, pagados mediante subvención concedida por la Consejería de Bienestar Social y Vivienda, y que fue inaugurado en marzo de 2010. Esta inversión no tendría relación alguna con la que figura en la factura investigada. En la fecha de la inauguración, los integrantes de la Asociación Cultural «Virgen de Belén» estaban pendientes de recibir otra subvención para acondicionar la planta superior de las escuelas.

El descubrimiento de esta factura dudosa causó sorpresa en este pequeño enclave rural, de poco más de un centenar de vecinos. La asociación cultural de la aldea nunca tuvo noticia de una inversión de estas características, según manifestaron ayer sus responsables, quienes se desvincularon absolutamente de la factura y de la supuesta subvención. La directiva de la entidad aseguró que esa inversión no se tramitó, al menos que ellos sepan, y no se llevó a cabo la construcción de un centro cultural en el pequeño pueblo.

El magistrado Ángel Sorando recibió a finales del verano varios documentos que había solicitado al nuevo Gobierno regional. El juez había requerido todas las facturas relacionadas con empresas vinculadas directa o familiarmente con altos funcionarios del Principado. Esta documentación ya obra en poder del juez, que lleva varias semanas examinándola.

La investigación realizada por la Policía se relacionaría con estos nuevos documentos incluidos en la parte aún secreta del sumario. En la que obra desde hace meses en poder de las acusaciones y las defensas, no figura factura alguna de esta índole, ni siquiera en las que fueron cobradas por empresas a nombre de la funcionaria Marta Renedo Avilés o por las dos mujeres cuya identidad utilizó supuestamente para desviar fondos del Principado cuando trabajaba como jefa de servicio en la Consejería de Ana Rosa Migoya.

El juez Sorando ha señalado su intención de levantar cuanto antes el secreto del sumario sobre el resto del sumario de la «operación Marea», que ya no implicaría directamente a los cinco imputados, ni a la ya citada Marta Renedo, ni a la ex directora general María Jesús Otero, ni al ex consejero José Luis Iglesias Riopedre ni a los empresarios Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez.

Envía tu comentario: