Renedo, de «amiga» a subalterna

Marta Renedo, en la mañana de ayer, camino del Juzgado para firmar. / Luisma Murias

Oviedo, L. Á. VEGA

Marta Renedo, la principal imputada del «caso Marea» sobre supuesta corrupción en la Administración regional, se ha estado poniendo «al orden de todo lo que hay» durante estos primeros días de libertad que disfruta tras pasar casi ocho meses en prisión. Ayer se acercó, a primera hora de la mañana, a los Juzgados de Oviedo para cumplir con el trámite de dar cuenta de su paradero, una de las condiciones establecidas en su auto de excarcelación que debe cumplir los días 1 y 15 de cada mes.

En las grabaciones realizadas a Marta Renedo que obran en el sumario, la funcionaria llegó a manifestar que era «amiga» de la por entonces consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya. Renedo se dolió incluso del impacto que todo aquello tendría sobre Migoya. La ex consejera fue, sin embargo, bastante clara en su declaración del lunes: no conocía a Renedo, que llegó a su departamento de la mano de Alberto Pérez Cueto, por entonces director general de Modernización. Renedo ya no habla de su «amiga». «Migoya era jefa mía, la conocía por eso simplemente», aseguró ayer a la puerta del Juzgado.

No ha sido la única en negar supuestas relaciones que se desprenden de las grabaciones realizadas por la Policía. Dentro de las pesquisas realizadas para identificar a un tal «Pedrón», que es citado varias veces por el empresario imputado Víctor Manuel Muñiz (de Igrafo) y por la propia Marta Renedo, el Grupo de Delincuencia Económica de la Comisaría de Gijón llamó a declarar, el pasado 15 de julio, al marido de Renedo, a quien se había grabado asegurando que lo conocía. El marido de la imputada acudió acompañado del abogado Luis Tuero, según figura en el informe remitido por la Policía al juez del caso, Ángel Sorando, pero se negó a declarar, aunque aseguró que no conocía al tal «Pedrón».

No obstante, la Policía ha seguido tirando del hilo y está casi segura de que el tal «Pedrón» podría ser un responsable, en el momento de los hechos, del servicio técnico de Gestión Patrimonial, de la Consejería de Economía y Hacienda. Al menos es lo que se desprende de una de las anotaciones de Víctor Manuel Muñiz, en la que hace referencia a un trabajo del hijo del citado funcionario. Este empleado público presidía una mesa para la licitación del acuerdo marco para la determinación de material de oficina no inventariable con destino a la Administración del Principado. En la citada mesa, que decidía sobre las ofertas presentadas por varias empresas, entre ellas Igrafo y Almacenes Pumarín, participaba como vocal otra de las personas a las que el juez había pedido identificar entre los aludidos y que tenía una responsabilidad en la sección de Gestión de Edificios Administrativos de la Consejería de Economía y Hacienda.