El juez de lo mercantil autoriza la entrada de Igrafo en concurso de acreedores

Víctor Manuel Muñiz, a la derecha, con su abogado, Miguel Valdés Hevia. / Ángel González

Gijón, R. GARCÍA

La empresa Comercial Asturiana de Papelería (Igrafo) tiene ya vía libre para llevar a cabo un concurso de acreedores -la antigua suspensión de pagos- con el que hacer frente a la delicada situación económica que atraviesa la compañía. La firma, que cuenta con más de un millón de euros de liquidez según sus representantes, ha visto agravada su situación por la supuesta implicación de uno de los propietarios, Víctor Manuel Muñiz, en la «operación Marea» sobre supuestas contrataciones irregulares en la Administración regional, que investiga la juez gijonesa Ana López Pandiella y en la que también se han visto involucrados el ex consejero de Educación Iglesias Riopedre; su «número dos» en la Consejería, María Jesús Otero, y la funcionaria Marta Renedo, éstas dos últimas en prisión y el primero en libertad bajo fianza de 100.000 euros, que fue depositada tras una colecta entre amigos.

Aunque el titular del Juzgado de lo mercantil número 2 de Oviedo no dará a conocer su decisión final hasta mañana, viernes, fuentes cercanas a Igrafo apuntaron ayer a LA NUEVA ESPAÑA que el magistrado ya «ha dado su visto bueno» para que la compañía entre en un concurso de acreedores con el que intentarán «reflotar la empresa», paralizando temporalmente sus obligaciones. «Nunca ha habido ningún problema con el Juzgado. A pesar de que hay fondos propios positivos, tenemos ciertas líneas de crédito que nos han cerrado y estamos obligados a devolver ese dinero, que supera los siete millones de euros», aseguran.

Igrafo elaborará en los «próximos días» un plan de viabilidad con el que se dibujarán las líneas maestras de sus objetivos para los próximos meses, un tiempo en el que los responsables de esta empresa, que cuenta con medio centenar de empleados en toda la región, también tratarán de diseñar estrategias contra la caída de ventas que vienen acusando desde 2007 por la crisis.

Víctor Manuel Muñiz y el responsable de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, el otro empresario implicado en esta operación, se encuentran en libertad con cargos tras abonar una fianza de 300.000 euros. Entre tanto, la Policía Nacional continúa investigando documentación en torno a esta supuesta trama corrupta.