El juez Sorando envía al TSJA una parte del caso que alude a la consejera de Cultura

Gijón, R. GARCÍA

Ángel Sorando, el juez que instruye la investigación en torno a la «operación Marea» contra la corrupción, acaba de remitir al Tribunal Superior de Justicia una «pieza separada» en la que se incluyen varias diligencias donde se alude a la actual consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez. Fuentes cercanas a la investigación del caso, en el que ya se han visto involucrados políticos, empresarios y funcionarios asturianos, aseguraron ayer a este periódico que el juez no ha enviado al Tribunal «datos concretos» acerca de la actuación de la Consejera sino «más bien indicios y documentos en los que aparece citada». Al ser aforada, el Tribunal Superior será ahora el encargado de valorar las diligencias que actualmente se le presentan para decidir. Los magistrados podrían tomar la decisión en el plazo de una semana.

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias podría abrir una nueva investigación o devolver la causa a Sorando si no apreciara indicios de delito. Mercedes Álvarez, en su calidad de consejera y de diputada regional, tiene condición de aforada, por lo que sólo el TSJA tiene capacidad para decidir sobre una imputación, en caso de que ésta se produjera.

Las primeras pesquisas relativas a la consejera Álvarez en este caso, que investiga irregularidades en la adjudicación de contratos públicos, llegaron con el levantamiento de parte del sumario. En una de las conversaciones intervenidas uno de los imputados se refería a un tal «Pedrón», un ciudadano al que se identificó como amigo del marido de la consejera de Cultura «de ahora» (la anterior era Ana Rosa Migoya). El autor de la llamada le dijo a una de las imputadas, Marta Renedo Avilés, que el «tinglado» de Cultura «quedaría muy tapadito» gracias a «Pedrón». Hace ahora un mes, en junio, el juez instructor Ángel Sorando pidió al grupo de delincuencia económica de la Comisaría de Policía de Gijón que identificase al tal «Pedrón». Fuentes cercanas a la investigación apuntan a que éste pudiera ser el nexo común que llevó a aparecer el nombre de la Consejera en las nuevas investigaciones desarrolladas por el juez Sorando. Este periódico intentó ayer, sin éxito, ponerse en contacto con los portavoces de la Consejería de Cultura y Turismo.

La juez que instruyó el caso en un primer momento, la gijonesa Ana López Pandiella, ordenó en el mes de enero el arresto del que fuera responsable de la cartera de Educación, José Luis Iglesias Riopedre. El Consejero ingresó en prisión aunque posteriormente la Audiencia aceptó su salida de la cárcel. En Villabona continúan por el momento la ex número dos de Educación, María Jesús Otero, y la alta funcionaria de la Consejería de Administraciones Públicas del Principado, Marta Renedo Avilés.

Por otra parte, el Juzgado de lo mercantil número 2 de Oviedo dictó el pasado martes sentencia en torno al concurso de acreedores de Igrafo, una de las empresas implicadas en la presunta corruptela. El propietario de la firma, Víctor Manuel Muñiz, fue detenido y quedó en libertad con cargos bajo fianza de 300.000 euros. La situación obligó a la empresa por aquel entonces a declarar la suspensión de pagos. El nuevo convenio presentado por los responsables de la sociedad ha sido aprobado con adhesiones que suman el 73 por ciento del pasivo, según indican fuentes cercanas a la empresa. Este acuerdo ha facilitado la salida del concurso de acreedores de la empresa asturiana en sólo cuatro meses.

La administración concursal asegura que la firma ha sido gestionada «correctamente y no se han presentado incidentes por parte de los acreedores», que recibirán su dinero tal y como se recoge en el convenio en los próximos siete años. El juez de lo mercantil concede a la administración concursal un plazo de un mes para rendir cuentas sobre su gestión.