El juez Sorando sopesa levantar el secreto de la «operación Marea» la semana que viene

El magistrado Ángel Sorando. / Nacho Orejas

Oviedo, L. Á. VEGA

El magistrado Ángel Sorando Pinilla, titular del Juzgado de instrucción número 2 de Oviedo, en el que ha recaído la instrucción de la «operación Marea» tras la inhibición de la juez gijonesa Ana López Pandiella, sopesa levantar la semana que viene el secreto que pesa sobre las actuaciones. Sorando se había planteado un plazo de quince días para analizar este caso de contrataciones irregulares en la Administración regional y decidir sobre esta cuestión. Cualquier juez incurriría en una infracción si comentase las decisiones que está a punto de adoptar. Es por eso que Sorando no está dispuesto a adelantar la decisión que adoptará. No obstante, el magistrado tiene su propia opinión sobre este tipo de coyunturas procesales. «No soy amigo de secretos, no me gusta prorrogar estas situaciones más de lo razonable», indicó ayer a LA NUEVA ESPAÑA.

El magistrado aseguró que ha tenido tiempo, durante esta Semana Santa, de analizar «lo fundamental del sumario» para hacerse una idea cabal sobre el mismo. Durante estas vacaciones, el magistrado ha estado de guardia, por lo que ha tenido tiempo suficiente para echar un vistazo somero al sumario, integrado por 32.000 folios distribuidos en 65 tomos, entre los que se cuentan todo tipo de documentos, desde transcripciones de escuchas telefónicas a facturas.

Han sido las defensas y el Gobierno regional quienes han solicitado que se levante el secreto. En el caso de las primeras, quieren conocer el alcance de las diligencias practicadas por la juez Pandiella, en aras del derecho de defensa. Tanto la defensa como la familia del anterior consejero socialista de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, han mantenido que la prolongación del secreto de sumario le deja en la más absoluta indefensión.

Al Gobierno regional le interesa a su vez conocer el alcance de la trama de adjudicación irregular de contratos que salpica a la Administración regional. También desde instancias extrajudiciales se ha pedido el levantamiento del secreto del sumario. Así lo hizo el secretario general del PSOE de Gijón y concejal, José Manuel Sariego, y también Carlos Madera, ex director general de Promoción Cultural, que fue jefe durante siete años de la funcionaria Marta Renedo, una de las encarceladas a consecuencias de estas investigaciones. Además de Renedo, se encuentra en Villabona María Jesús Otero, ex número dos de la Consejería de Educación. En libertad bajo fianza están el ex consejero Iglesias Riopedre y los empresarios Víctor Manuel Muñiz, propietario de Igrafo, y Alfonso Sánchez, propietario de Almacenes Pumarín.

El ministerio público ha respaldado hasta ahora la decisión de mantener el secreto de las actuaciones mantenidas por la anterior instructora desde el principio de las investigaciones, hace 16 meses. No obstante, eso no impidió que la fiscalía solicitase varias veces que el caso pasase a ser instruido por un juez de Oviedo, al ser en esta ciudad donde presuntamente se cometieron los actos delictivos.

El levantamiento del secreto no implicaría que las actuaciones vayan a hacerse públicas, sino que se daría traslado a las partes personadas. Entre las posibilidades que tiene a su alcance el juez Sorando está la de mantener el secreto, o dar traslado tan sólo de una parte del sumario. Es posible que acompañe su decisión de un auto, que podría aportar datos sobre las actuaciones.

El juez Ángel Sorando deberá decidir además si mantiene en prisión a la ex funcionaria regional Marta Renedo, cuyos deslices permitieron iniciar la investigación, y a María Jesús Otero, cuyo encarcelamiento se antoja a sus defensas discriminatorio toda vez que tanto Riopedre como los empresarios implicados en la trama han logrado eludir la prisión con fianzas.