La jueza de Gijón trasladará el caso a un Juzgado de Oviedo, según el abogado Miguel Valdés

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La jueza de Instrucción número 4 de Gijón, Ana López Pandiella, se inhibirá en el supuesto caso de corrupción por el que acordó el ingreso en prisión del ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre en favor de un Juzgado de Oviedo, al haber ocurrido los hechos en la capital asturiana, según ha informado uno de los abogados defensores.

La magistrada ha adoptado hoy esta decisión a petición del abogado Miguel Valdés, que representa a uno de los imputados, el propietario de la empresa Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, ha explicado el letrado.

Miguel Valdés ha explicado a los periodistas tras la declaración de su cliente esta mañana ante la jueza de Gijón que el empresario ha respondido únicamente a sus preguntas para preservar el derecho de defensa.

Respecto a su solicitud de inhibición, ha explicado que tanto el fiscal como la jueza la han aceptado y ha alegado que los supuestos delitos se cometieron en Oviedo.

Ha apuntado que esto no está relacionado con el posible aforamiento de ex consejero José Luis Iglesias Riopedre, puesto que carece de él, y ha recordado que la justicia se rige por el lugar de consumación de delitos y no por el lugar en el que se interpuso la denuncia.

Así, ha señalado que incluso el primer delito atribuido a la funcionaria Marta Renedo, que supuso el inicio de las investigaciones, podría haberse originado en Oviedo.

Así, ha señalado que se está imputando a personas que trabajan en Oviedo, que residen en Oviedo y que cometieron los supuestos ilícitos en su despacho de Oviedo.

Valdés, que ha considerado un "exceso" las medidas de prisión preventiva adoptadas para Riopedre, la funcionaria y una ex directora general del Principado y ha considerado que la jueza de Gijón no debería haber llevado este asunto por esta cuestión de competencias.

Respecto a su cliente, ha explicado que se ha mostrado "fuerte" pese a llevar 72 horas en los calabozos y ha anunciado que recurrirá en el caso de que se ordene su ingreso en prisión.

Ha apuntado que en su declaración se ha referido a las "relaciones" mantenidas tanto laboral como personalmente y se han abordado asuntos que salieron en las declaraciones previas.

Además, durante la comparecencia se ha explicado que la empresa no trabajaba sólo con la Consejería de Educación sino también con otras áreas del Principado al igual que con administraciones locales, ya que se trata de un proveedor homologado.