El letrado del imputado solicitará una reducción de la garantía exigida

Periodistas, esperando en la mañana de ayer ante las puertas de la cárcel. / Miki López

La falta de medios económicos aboca a la familia a esperar que den fruto las diligencias que emprenda el abogado para rebajar dicha fianza, o confiar en el apoyo que puedan prestar algunos de los amigos y colaboradores más próximos a Riopedre. Éstos ya han emprendido una campaña para que a través de pequeñas aportaciones de 250 a 400 euros en una cuenta a nombre de la esposa de Iglesias Riopedre pueda conseguirse una cantidad que ayude a la excarcelación. Ese grupo de amigos y colaboradores quiere medir mucho sus pasos para evitar que una iniciativa semejante no acabe por perjudicar más la imagen del implicado, por resultar incompatible con el proceso.

El portavoz de la familia, quien confesó el «alivio, alegría y pequeña victoria» que supuso para ellos la resolución de la Audiencia atendiendo la petición de excarcelación por motivos de salud y edad, quiso dejar claro que la esposa de Riopedre, su hijo, sus hermanos y cuñadas (los que ahora forman el grupo de apoyo) «reafirman la inocencia de José Luis y garantizan que no se enriqueció». Y añadió que el ex alto cargo «dedicó más de 20 años de su vida a trabajar por el interés general y la educación asturiana, y en todo ese tiempo a su bolsillo no pasó ni un céntimo de las cuentas de la Administración».

El propio Riopedre es el principal respaldo de la familia en su decisión de que no se abone la fianza porque «no hay más cuentas que las conocidas, ni operaciones urbanísticas, ni otros bienes» que justifiquen esa cifra impuesta por la Sección octava.

El entorno de Riopedre, consciente de la dificultad de hacer ver a la sociedad asturiana que el que fuera consejero de Educación tenía una situación económica nada boyante, insiste en la idea de que el matrimonio dedicó sus bienes «a ayudar a su hijo y eso les dejó en situación de vivir al día, sin demasiados problemas dada la austeridad del ex consejero».

Riopedre ha vuelto a demostrar «su fortaleza», indicaron en su entorno. «Si hay que aguantar una semana más, se aguanta, pero que la prioridad es salir con menos dinero de fianza», añadieron.

La familia puede abonar la fianza mediante un ingreso bancario o presentando un aval en el Juzgado que instruye el caso o, en su defecto, en el de guardia.

Junto a Riopedre, en prisión, están, sin posibilidad de libertad bajo fianza, la que fue su «número dos» en Educación, María Jesús Otero, y la funcionaria Marta Renedo.

Mientras, la juez Ana López Pandiella continúa recabando pruebas. Los abogados de las dos empresas implicadas, Igrafo y Almacenes Pumarín, acudieron ayer al Juzgado para continuar el volcado de la información de los ordenadores incautados a sus clientes. Los dos imputados, Víctor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez, han acudido además a cumplir la orden judicial que les obliga a firmar en la sede judicial gijonesa cada viernes.

Además, el letrado de Renedo, Luis Tuero, visitó ayer a su defendida en prisión, para hablar sobre el auto que la mantiene encarcelada. Ambos están valorando un recurso ante el Constitucional.