Más prevención que en el «Palma Arena»

La «operación Marea», el primer caso de presunta corrupción política en Asturias, ha llegado por ahora más allá que el caso «Palma Arena», al menos en lo que a medidas preventivas se refiere. Mientras el ex consejero asturiano de Educación José Luis Iglesias Riopedre va camino de cumplir su primera semana entre rejas, el ex presidente balear Jaume Matas, acusado de malversar más de 40 millones de euros, se libró de ir a prisión previo pago de una fianza de 3 millones de euros. ¿Qué diferencias se dan entre ambos casos para que el consejero asturiano esté preso mientras que al ex presidente balear le baste con presentarse cada 15 días ante los Juzgados de Madrid?

La titular del Juzgado de instrucción número 4 de Gijón acordó el ingreso en prisión, comunicada y sin fianza, de José Luis Iglesias Riopedre el pasado martes tras tomar declaración al ex consejero de Educación. La juez Ana López Pandiella tomó la decisión que había sido solicitada por la fiscalía. El ex consejero está imputado por la supuesta comisión de cinco delitos: prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios. La fiscalía justificó el encarcelamiento en el riesgo de fuga del encausado y en la posibilidad de que destruyera pruebas relevantes para la investigación. El abogado de Riopedre, Sergio Herrero, anunció poco después de conocer el auto judicial su intención de recurrirlo, estrategia que también adoptará el letrado de la «número dos» de Educación María Jesús Otero, que ingresó en el centro penitenciario de Villabona al día siguiente.

Fuentes judiciales argumentaron que el ingreso en prisión, sin fianza, se suele dictar cuando las pruebas de la instrucción «son irrebatibles». Otras fuentes señalaron que el encarcelamiento también puede tener como objetivo evitar la destrucción de pruebas, interferencias o contaminación en las declaraciones de otros testigos o, incluso, como medida de presión para obtener resultados en las declaraciones judiciales.

En el «Palma Arena», la relación de delitos que se le imputan el ex presidente balear Jaume Matas, que prestó declaración por espacio de tres días, es más extensa. El juez instructor, José Castro, y la Fiscalía Anticorrupción acusan a Matas de doce delitos, siete de ellos por malversación de caudales públicos en la construcción del velódromo de Palma de Mallorca, falsedad documental, prevaricación, fraude a la Administración, delito electoral y blanqueo de dinero, que conllevan penas que suman 24 años de cárcel. El auto de prisión establecía una fianza de 3 millones de euros (equivalentes a casi 500 millones de pesetas) y un plazo de varios días para reunir ese dinero. Matas no pisó la cárcel porque logró que Bancaja le prestara el dinero a cambio de hipotecar todo su patrimonio. Pero el juez instructor estaba por la labor de encarcelar el ex presidente mallorquín. «Puede darse por satisfecho con que las acusaciones no hayan interesado una medida cautelar más severa», planteó el magistrado en su auto. En el caso de Asturias, la juez contaba con la petición de encarcelamiento de la fiscal.

El ex dirigente popular está pendiente de juicio. El riesgo de fuga de Matas se compensa con la fianza y con la presentación cada 15 días en un Juzgado de Madrid, donde reside. De los más de 500 imputados por corrupción en Baleares sólo tres ingresaron inicialmente en prisión y ninguno era consejero, eran altos cargos administrativos.