Migoya: ´El sistema funciona, lo que falló es una persona´

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Ana Rosa Migoya. / Miki López

La consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, ha asegurado hoy que el sistema de control del gasto en la administración autonómica "funciona" y que, en el caso de presunta corrupción que investiga un juzgado gijonés, lo que falló fue "una persona" en alusión a la funcionaria Marta Renedo.

Migoya se ha pronunciado así en su respuesta a una interpelación del diputado del PP Ramón García Cañal sobre la política de personal y contratación del Principado tras la detención y encarcelamiento provisional del exconsejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre, de su directora general María Jesús Otero y de Renedo.

El debate ha estado condicionado por el secreto del sumario decretado por la juez que instruye la causa y que impedía a la consejera revelar determinados aspectos relacionados con dicho proceso en el que el Gobierno regional se personó tras detectar las supuestas irregularidades cometidas por la funcionaria.

De hecho, a lo largo de la sesión parlamentaria, a la que no han asistido ni el presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, ni el candidato socialista Javier Fernández, no se ha llegado ni siquiera a mencionar por su nombre a ninguno de los cinco imputados.

"Ustedes hablan con impunidad de lo que desconocen haciendo descalificaciones, calumnias e insidias y plantean un juicio sumarísimo al funcionamiento de toda la administración asturiana a pesar de que es una descalificación global que perjudica al sistema", ha afirmado la portavoz del Ejecutivo regional.

Migoya ha defendido el buen funcionamiento de los sistemas y la honorabilidad de la "inmensa mayoría" de los empleados de la administración regional y ha recordado que en el caso de la actuación de Renedo fue el propio Gobierno el que lo puso "en manos de la justicia y ahora hay que dejarla trabajar".

Además, ha emplazado a García Cañal y al PP en su conjunto a no seguir "por la peligrosa pendiente de la descalificación" hacia el conjunto de los sistemas de control administrativo dado que genera "desafecto hacia la clase política", incluidos los populares.

El parlamentario popular, que había advertido de que es "humano" el riesgo de que en cualquier ámbito se produzca "un brote de corrupción", ha vinculado este caso con el progresivo desmantelamiento de los sistemas de control en las contrataciones llevado a cabo por el Gobierno en los últimos años.

"Las cosas casi nunca pasan por casualidad y de aquellos polvos vienen estos lodos, pero parece que aquí nadie es responsable", ha subrayado tras alertar del uso excesivo en la administración del levantamiento de reparos por parte del Gobierno a expedientes de gasto cuestionados por la Intervención General del Principado.

En este sentido, Migoya ha replicado que dicha figura es legal, la utilizan todas las administraciones y fue usada también en 113 ocasiones en la etapa en que García Cañal era consejero frente a las 138 veces que se ha empleado en la actual legislatura, a pesar de que el Principado ha cuadruplicado el volumen de fondos que gestiona.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, Fernando Lastra, ha lamentado la situación de "indefensión" del Gobierno al recibir acusaciones de distinto tipo sin poder defenderse sin vulnerar el secreto del sumario y ha abogado por trasladar al conjunto de funcionarios del Principado el convencimiento de los diputados de que son "gente honesta".

Para Jesús Iglesias, portavoz de IU, el PP se mueve "en el difuso terreno de la especulación" y ha reclamado que no se hagan juicios de valor sin disponer de la información contenida en el sumario y por esperar a que se conozcan los hechos para determinar si hay responsabilidades políticas sin cuestionar ahora de forma "injusta e irresponsable" el funcionamiento conjunto de la administración.

Según el diputado del Bloque por Asturias, Roberto Colunga, lo que se ha conocido hasta ahora revela que "o fallaron los sistemas de control o no se les hizo caso" y ha advertido de que el clientelismo y la falta de transparencia en las administraciones públicas "son las causas fundamentales de la corrupción".