La «operación Marea» llega al cole

Ana López Pandiella. /

Gijón, A. RUBIERA

Las investigaciones de la juez Ana López Pandiella ya han llegado a las aulas asturianas. Y van camino de revolucionar los centros. La titular del Juzgado número 4 de Gijón, que instruye el «caso Marea» que investiga una supuesta trama de corrupción en la adjudicación de contratos del Principado, ha empezado a pedir a colegios e institutos de la región «las cantidades recibidas por el concepto 229, «gastos de funcionamiento», así como los extractos bancarios acreditativos de los mismos en los años 2009 y 2010».

A la jueza parecen interesarle lo mismo partidas de 600 euros que otras de 12.000 que hayan recibido los centros desde la Consejería de Educación. Eso sí, la petición es tajante y apresurada. Tanto que los centros deben remitir lo solicitado al Juzgado «en el plazo de 72 horas» tras la recepción del aviso, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia si se incumple esa colaboración.

Algunos colegios e institutos asturianos que ya enviaron la relación de gastos y comprobantes han vuelto a tener noticias del Juzgado. Los requerimientos, tal como ha comprobado en LA NUEVA ESPAÑA, se han repetido en el Oriente y del Occidente, además de Oviedo, Gijón y Avilés.

En el caso de un colegio gijonés el pasado viernes tenía en su buzón una segunda notificación judicial. De nuevo con un plazo de 72 horas para cumplir con el cometido, se les pedía que a esa documentación primera sumasen una «indicación concreta de las empresas o personas físicas que prestaron los servicios para los que les fueron remitidas cantidades por la Comunidad Autónoma, y asimismo justificantes bancarios acreditativos de los pagos a dichas entidades». La orden, en este caso, es aún más coercitiva que la primera y la coletilla de estar «bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia» viene convenientemente subrayada.

Un responsable de un centro avilesino mostraba ayer su extrañeza por que les pidan a ellos los datos. «Obtener esta información no tiene ningún secreto, es tan fácil como apretar un botón del ordenador. Lo que nos extraña es que estos justificantes nos los pidan a nosotros en lugar de a la Consejería, pero tal vez quieren cruzar datos», informa M. MANCISIDOR.

La Consejería tuvo conocimiento de las intenciones de López Pandiella de extender la investigación a los archivos de los colegios e institutos públicos de la región, de ahí que ya había emitido hace unos días una instrucción general sobre cómo debían los centros capturar de la red informática común el capítulo 229 de «gastos de funcionamiento». Otra cosa es que, luego, a cada centro le toque rebuscar y recopilar extractos bancarios. «Las vueltas y el mareo no nos los quita nadie», decía ayer con molestia el director de un colegio. Y eso que todos los consultados insisten en que «a nosotros, que nos registren. Cada euro que llega a un centro está invertido».

En la actualidad todos los colegios e institutos de Asturias están al tanto de que puede llegarles la requisitoria del Juzgado gijonés, aunque el alcance real de la investigación aún no se sabe. Ayer había centros que no habían recibido ningún requerimiento judicial, otros muchos que tenían a sus administrativos en plena recopilación de extractos bancarios y algunos que habían recibido hasta dos llamadas del Juzgado que lleva la «operación Marea» para completar la documentación.

«Éste puede ser sólo el primer paso. Lo siguiente será testificar en el Juzgado a quién y por qué contratábamos lo extraordinario», aventuraba ayer el director de un Instituto. Y puede que no esté desencaminado. Pese a las indicaciones mínimas que se ofrecen en todas las requisitorias, la idea que ha cundido entre los responsables de centros públicos de la región es que la jueza Ana López Pandiella y los investigadores están cotejando, con los centros educativos, la ingente documentación que previamente se había solicitado a la Consejería. Aquellas famosas furgonetas repletas de papeles.

Lo que interesa es cruzar los datos de cada partida de gasto extraordinario -que nada tiene que ver con el presupuesto anual que maneja cada centro, que es muy limitado- que la Dirección General de Planificación (al frente de la cual estaba María Jesús Otero, imputada y encarcelada a resultas del proceso abierto) autorizaba a los colegios e institutos cada curso.

Cuando se autorizaban esas partidas, los centros recibían de la Dirección General el ingreso correspondiente para que lo abonaran a las empresas que se iban a hacer cargo del trabajo, ya fuera una compra importante de material, una reparación de urgencia, el cambio de una caldera o cualquier otra dotación que se salía del presupuesto que libremente manejan los consejos escolares. «Pero los centros no seleccionábamos a las empresas que lo iban a hacer; eso, normalmente, ya te lo indicaba la Consejería. Unas veces por escrito y la mayoría, verbalmente». En esa selección, Almacenes Pumarín e Igrafo estaban casi siempre presentes en estos trabajos.