Otero asegura que destinó el dinero de Igrafo y Pumarín a obras de caridad en Cuba y el Congo

María Jesús Otero, el pasado día 26 de enero, a punto de subir al furgón que la trasladó a Villabona tras declarar. /

Oviedo / Gijón, R. GARCÍA

La antigua «número dos» de José Luis Iglesias Riopedre en la Consejería de Educación, María Jesús Otero Rebollada, asegura que los ingresos periódicos que recibía de los empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín en sus cuentas corrientes fueron destinados, en buena parte, a colaborar en la financiación de proyectos de cooperación solidaria en Cuba y la República Democrática del Congo.

Otero Rebollada justificó así, en su declaración ante la juez Ana López Pandiella, que investiga una presunta trama corrupta que llevaba a cabo contrataciones irregulares en el Principado, las partidas que percibía de los empresarios, partidas que, según su testimonio, eran en realidad donaciones para llevar a cabo acciones solidarias de caridad en países desfavorecidos. Otero asegura que los empresarios hacían estos ingresos a título personal. La mujer de confianza de Riopedre forma parte del patronato de la Fundación El Pájaro Azul, una organización solidaria que gestiona fondos públicos y privados orientados a realizar proyectos en países en desarrollo.

Fuentes de la investigación explicaron ayer que Otero, que se encuentra en prisión desde el pasado 26 de enero, el mismo día que prestó declaración en el Juzgado de instrucción número cuatro de Gijón, rechazó de plano que hubiera beneficiado a ninguna empresa de forma ilegal para obtener lucro. Otero siguió aquí la línea marcada por Riopedre el día anterior, cuando negó ante la juez que hubiera recibido dinero por las decisiones que adoptaba sobre las contrataciones.

La ex directora general de Planificación, Centros e Infraestructuras, que declaró durante dos horas ante López Pandiella, justificó su patrimonio -Otero tiene numerosas propiedades inmobiliarias en el oriente de Asturias- en un «buen asesor». La ex «número dos» de Riopedre explicó a la juez que tenía «un buen asesor» y que cuando tenía algo de dinero solía reinvertirlo. Tras escucharla, el ya citado 26 de enero, Pandiella dictó el ingreso en prisión, admitiendo la petición de la fiscal María Luisa García e imputándola varios delitos: cohecho, tráfico de influencias, fraudes y exacciones fiscales y negociaciones prohibidas para funcionarios.

Junto a Otero, en la cárcel de Villabona también se encuentran el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, y la ex jefa de servicio de Procesos Administrativos de la Dirección General de Modernización y Telecomunicaciones, Marta Renedo Avilés. En libertad con cargos, tras haber presentado los avales necesarios para hacer frente a una fianza de trescientos mil euros, se hallan los propietarios de Igrafo y Almacenes Pumarín, Víctor Manuel Muñiz Menéndez y Alfonso Carlos Sánchez Sánchez, respectivamente.

La que fue «número dos» de Riopedre, una de las piezas clave en la investigación judicial que instruye López Pandiella, aseguró, según informó ayer también Radio Nacional, que está en condiciones de justificar todos los ingresos que se registraron en sus cuentas. Otero había recibido pagos de Igrafo, de Almacenes Pumarín y de Riopedre. Los de este último los achacó, tal y como adelantó hace varias fechas LA NUEVA ESPAÑA, a las nóminas que percibía de la Administración regional. La explicación ofrecida por Otero extrañó a muchos de los presentes en la declaración al considerar poco habitual que los pagos de la Administración regional se ingresen a nombre del consejero del departamento.