Otero recibía fondos de «particulares» para gestionarlos en obras de caridad

María Jesús Otero, el día 26 de enero, entrando en el furgón que la trasladó a Villabona. / Ángel González

Gijón / Oviedo, R. GARCÍA /

J. A. ARDURA

La defensa de María Jesús Otero Rebollada, la que fuera número dos de la Consejería de Educación y que actualmente se encuentra en prisión provisional acusada de varios delitos relacionados con una presunta trama de corrupción, asegura que la ex directora general no utilizó el dinero que recibía de las empresas imputadas en la «operación Marea» (Igrafo y Almacenes Pumarín) para las donaciones caritativas que hacía a países como Cuba o el Congo. Durante su declaración ante la juez que instruye el caso, de la que informó Radio Nacional de España, Otero se defendió afirmando que puede «justificar» todos sus ingresos. Fuentes próximas a la acusada aseguraron ayer a este periódico que durante su declaración, la «número dos» del ex consejero Riopedre, respondió con «datos y fechas muy precisas» a las preguntas que le planteaba la juez instructora. La defensa no quiso entrar en mayores precisiones, «dado el secreto sumarial decretado en las actuaciones».

Los ingresos de María Jesús Otero que están siendo investigados por el juzgado vendrían por varias vías. Además de su sueldo como responsable de Planificación, Centros e Infraestructuras, la acusada cobraba los beneficios que le reportaban las empresas de turismo rural que poseía en Llanes, concejo en el que Otero tenía además otras propiedades que, según relató a la juez, alquiló en varias ocasiones a trabajadores de Igrafo. Además, Otero vendió un piso en Llanes a Almacenes Pumarín, otra de las empresas investigadas.

La funcionaria negó haber favorecido a estas dos firmas en los contratos públicos de la Consejería y aseguró que los ingresos que tenía referidos a las dos empresas tenían que ver con los alquileres que le debían y con la venta de un inmueble en la localidad llanisca. María Jesús Otero reconoció además tener abiertas una docena de cuentas bancarias en varias entidades con importantes ingresos aunque todos ellos, eso sí, «justificables».

Las donaciones a países como Cuba o el Congo vendrían de «particulares» que le habían solicitado personalmente la gestión de estos recursos. Durante su declaración ante López Pandiella, Otero mantuvo su inocencia nombrando a varios de estos donantes y asegurando que ellos podían corroborar su versión de los hechos. La ex directora general, defendida en este procedimiento por el abogado ovetense Ángel Luis Bernal, forma parte del patronato de la Fundación El Pájaro Azul, una organización solidaria que gestiona fondos públicos y privados orientados a proyectos en países en vías de desarrollo.

La acusación particular también quiso ayer matizar las declaraciones que otra de las imputadas realizó ante la juez. Graciela Lagunilla, abogada de la cajera de supermercado gijonesa, cuya denuncia contra la funcionaria Marta Renedo desató la investigación, mantiene que su clienta no ha sido nunca propietaria de una empresa, en contra de lo declarado por esta jefa de servicio de la Consejería de Administraciones Públicas que usurpó la identidad de la cajera para abrir una cuenta bancaria donde depositar todos los fondos públicos que supuestamente desvió. Renedo aseguró ante la juez que había recibido «presiones» por parte de la denunciante para que le pagara el dinero que el Principado le debía a su firma. «Mi clienta nunca ha sido empresaria», mantiene Lagunilla. Renedo aseguró que la joven cajera se situaba al frente de Digtec, una empresa de la que no aparece información alguna en los registros mercantiles digitales.

Por otra parte, Diego Anta, responsable de la empresa Oxiplant, precisó ayer a este periódico que su firma no tiene relación alguna con la «operación Marea» contra la corrupción ni con la empresa Oxiplans, sobre la que fue interrogada Marta Renedo en el transcurso de la investigación de este procedimiento.

El grupo de delitos económicos de la Comisaría de Gijón continúa estos días recabando nuevos testimonios y analizando documentos que ayuden a cerrar la denominada «operación Marea» contra la corrupción. La juez que dirige estos trabajos ya ha enviado a prisión, además de a María Jesús Otero, al ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, y a la ex jefa de servicio de Procesos Administrativos de la Dirección General de Modernización y Telecomunicaciones, Marta Renedo Avilés. López Pandiella asegura que estas encarcelaciones se sustentan en el «riesgo de fuga y de ocultación de pruebas». Los dos empresarios implicados, el propietario de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz Menéndez, y el de Almacenes Pumarín Alfonso Carlos Sánchez, permanecen en libertad con cargos tras abonar en el juzgado una fianza de 300.000 euros. Los empresarios deben además ir a firmar cada viernes al Juzgado.