Pérez Cueto admite pagos a Igrafo del Principado sin servicios a cambio

Alberto Pérez Cueto, en el Juzgado número 2 de Oviedo, antes de declarar. / Luisma Murias

Oviedo, L. Á. VEGA

El director general de Modernización del Principado, Alberto Pérez Cueto, reconoció ayer ante el juez del «caso Marea», Ángel Sorando, que su departamento realizó pagos a Igrafo sin que esta empresa realizase servicio alguno a cambio y añadió que él, «desde luego, lo desconocía». Pérez Cueto no precisó cuál fue la cantidad, aunque resaltó que era «grande». Sí indicó que, al descubrirse las facturas, se decidió «defender a la Administración» y se exigió a la empresa que entregase el material ya pagado. Cueto añadió que desconoce quién autorizó esos pagos por adelantado. «No lo sé en este momento», dijo.

Los hechos se recogen en el sumario, donde figura una conversación entre una funcionaria del departamento y Víctor Manuel Muñiz en la que se piden explicaciones de las facturas. Para el letrado de la AVALL, Esteban Aparicio, estos hechos constituyen «un presunto delito de malversación de causales públicos, al ser una desviación de fondos del control presupuestario». Aparicio añadió que «parece que era una práctica generalizada». Se ha apuntado que las cantidades se corresponderían con un remanente del presupuesto del departamento.

Pérez Cueto permaneció cerca de dos horas en el Juzgado de instrucción número 2 de Oviedo. Aparte de declarar ante el juez y los letrados de las partes, el director general realizó una prueba caligráfica, con el fin de despejar las dudas respecto a sus firmas en los contratos de Marta Renedo, la funcionaria que está en el origen de la «operación Marea», al descubrirse que desviaba fondos públicos a cuentas privadas. Además de las firmas de Pérez Cueto fotocopiadas, hay otras reales. El director reconoció algunas de ellas.

Cueto insistió en lo que ya declaró, que su departamento destapó a Renedo, sin conocer que hubiese ya una investigación abierta por el Juzgado. Las irregularidades fueron detectadas al realizar el «análisis del cierre contable de 2009, a finales de enero o principios de febrero». Algunas de las aplicaciones presupuestarias, en concreto dos, «tenían un porcentaje de ejecución que resultaba excepcionalmente alto». Entonces, miró los pagos que se habían hecho y vio que se repetía el nombre de una empresa que no le sonaba y le pareció «extraño aunque no irregular». Lo atribuyó a un «error de contabilización». Lo puso en conocimiento del secretario general técnico. «Consultados los datos de esa empresa resulta que su administradora es Marta Renedo, a partir de ahí ya somos conscientes de que hay una irregularidad, no sabemos si un delito». Ese dato dio inicio a una investigación «más concreta», que llevó a ver que, además, había «manipulación en las firmas y otros elementos» que desencadenaron el expediente que llevó al cese de Renedo, quien no dio muestras de nerviosismo «hasta un día antes de su cese».

También declaró ayer Pablo Rodríguez Porrón, director general técnico de Educación entre julio de 2006 y junio de 2007. Indicó que no le había extrañado la reiteración de contratos a Igrafo y Almacenes Pumarín.