La plataforma de apoyo a Riopedre logrará el dinero de la fianza «en unos pocos días»

Gijón, A. RUBIERA /

R. GARCÍA

«Somos muy optimistas. El inicio no pudo haber sido más esperanzador». Los portavoces de la plataforma de amigos de José Luis Iglesias Riopedre, que desde ayer tienen articulada y puesta en marcha la red de ayuda al ex consejero de Educación para la recaudación de los cien mil euros que necesita como fianza para su excarcelación de Villabona, se mostraban muy satisfechos de los resultados del primer día de campaña. Aunque sin cifras aún cerradas, ni de dinero ingresado ni de participantes en la colecta, lo cierto es que «casi todas las ayudas apalabradas -con aproximadamente un centenar de personas implicadas- se están concretando», contaban. A Riopedre le están surgiendo incluso «colaboradores de última hora».

La media de donativos ingresados, tal como habían sugerido los promotores de la iniciativa, rondará los 250-300 euros, pero ya hubo ayer gestos mucho más espléndidos. Tanto que, por sugerencia de la entidad bancaria donde se ha abierto la cuenta (Cajastur) a favor de la plataforma, se van a frenar los ingresos para que no se superen las aportaciones de 2.999 euros. Ésta es una forma de evitar que haya intervenciones de Hacienda que ralenticen o generen inconvenientes en una iniciativa que sólo tiene como finalidad «ayudar a un hombre que, para muchos de nosotros, aún tiene mucho crédito y al que queremos brindar nuestro apoyo», explicaban ayer. «El objetivo es cumplir todo el importe y entregárselo al abogado en un plazo corto de tiempo», concluían.

Según los cálculos optimistas de los promotores de la iniciativa, con las previsiones de recaudación que tienen en la actualidad y el nivel de respuesta que están obteniendo, los 100.000 euros necesarios para la fianza podrían conseguirse «en unos pocos días» y la libertad del ex consejero Riopedre podría valorarse a partir del fin de semana. «Pero siempre teniendo en cuenta que él elegirá cómo y cuándo quiere salir; para nosotros lo importante es conseguir el dinero que él y su familia necesitan, y parece que estamos en condiciones de lograrlo en un tiempo prudencial».

Además de fijar las aportaciones máximas de los interesados en apoyar la libertad de Riopedre, su círculo de amigos recalca que «no se recaudará ni un euro más de los cien mil que necesitamos», y se hará siempre con el compromiso expreso de devolución, en cuanto la situación del ex consejero se clarifique en el sentido que esperan los interesados. El dinero se devolverá en cuanto el Juzgado decida reintegrar la fianza, esto es, en el momento del juicio. «Es como un préstamo sin intereses en el que no aceptamos donaciones anónimas», matizaban ayer desde la plataforma.

«Hubo que convencerle (a Riopedre) para que pudiéramos llevar a cabo esta iniciativa y sabe que hacemos esto porque nuestra confianza es máxima», sostienen los integrantes de este grupo, que siguen el día a día del ex consejero en Villabona. «Sigue fuerte, y seguro que sacará provecho de esta experiencia tan dura», comentan desde su entorno. Tan fuerte, dicen, como firme en la defensa de que «no es consciente de haber hecho nada que sustente su encarcelamiento; mantiene la perplejidad por la situación que le ha tocado vivir y aún no tiene claro de qué se le acusa».

El ex consejero tiene puesto su máximo interés en que se pueda levantar el secreto del sumario y que el procedimiento judicial surgido a raíz de la denominada «operación Marea» contra la corrupción se divida en dos procesos distintos: por una parte, el de la funcionaria Marta Renedo Avilés y, por otra, el que pone en tela de juicio el modelo de adjudicaciones de contratos en la Administración pública asturiana.

José Luis Iglesias Riopedre ingresó en el penal asturiano el 25 de enero. La magistrada que investiga la supuesta corruptela le acusa de los delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales y negociaciones prohibidas a funcionarios. El ex consejero se encuentra en la unidad terapéutica de Villabona, en donde también cumplen prisión preventiva por esta causa la que fuera su «número dos», María Jesús Otero, y la jefa de servicio de Administraciones Públicas, de la que partió la investigación de la trama, Marta Renedo Avilés.

La juez Ana López Pandiella también ha imputado a los propietarios de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz, y de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, ambos se encuentran en libertad bajo fianza de 300.000 euros.