La Policía elabora un detallado informe con todos los movimientos de las firmas implicadas

Gijón, R. G.

La investigación no se detiene. Los trabajos del grupo de delitos económicos de la Comisaría de El Natahoyo, en Gijón, continúan su curso. Los funcionarios policiales elaboran estos días detallados informes patrimoniales en los que recogen todos los movimientos económicos realizados durante los últimos años por las empresas implicadas dentro de la presunta trama de adjudicación irregular de contratos públicos que investiga el Juzgado de instrucción número 4 de Gijón dentro de la denominada «operación Marea» contra la corrupción.

Los agentes tratan de justificar de esta manera todos los movimientos económicos que han llevado a cabo los propietarios de las firmas que presuntamente se beneficiaron de trato de favor en su relación con la Administración pública gracias al pago de comisiones. Los funcionarios, ayudados por varios técnicos de Hacienda, buscan en estas cuentas movimientos monetarios que pudieran resultar ilegales o que no se ajustaran a los términos recogidos por la Administración pública regional.

La Jefatura Superior de la Policía de Asturias reforzó hace días el número de efectivos que trabajan en el grupo de delitos económicos de la Comisaría de El Natahoyo en Gijón. Después de pedir ayuda a sus compañeros, los agentes de este grupo, incluido dentro de la Brigada de la Policía judicial, recibieron el apoyo de varios efectivos de sus homólogos ovetenses, que trabajan en Gijón desde entonces para que en la Comisaría «no se desatiendan el resto de las denuncias de los ciudadanos».

Fuentes cercanas a la investigación del caso confirmaron ayer a este periódico que los interrogatorios «continúan» y que durante los últimos días han pasado por las dependencias policiales gijonesas personas que han tenido que declarar ante los agentes en calidad de testigos por sus conocimientos acerca de lo sucedido.

El elevado volumen de trabajo que afrontan estos agentes, que han solicitado a la Consejería de Educación los contratos firmados durante los últimos diez años, hace sospechar a los encargados de la investigación que las pesquisas podrían prolongarse aún «durante algunos meses». La causa cuenta ya con ocho tomos de documentos, la mayor parte de ellos transcripciones de cintas en las que se recogen conversaciones entre los acusados.