La Policía grabó a Riopedre preguntando a un empresario por un trabajo para su hijo

La Policía grabó a Riopedre preguntando a un empresario por un trabajo para su hijo. /

Oviedo,

El juez Ángel Sorando levantó ayer el secreto del sumario de la «operación Marea», eso sí, parcialmente, puesto que hay una parte de las investigaciones sobre las irregularidades en la contratación del Principado que el magistrado quiere preservar al encontrarse «en curso». Varios abogados pudieron leer ayer en sede judicial los quince primeros tomos del sumario, los más relevantes, que incluyen unos 3.000 folios. Se han encontrado, por ejemplo, con la piedra de toque de la imputación que pesa sobre el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre. Una conversación con Víctor Manuel Muñiz, propietario de la empresa Igrafo, en la que Riopedre le pregunta por un trabajo para su hijo, E. I. G., interrogado por la Policía en relación a estos hechos.

Fuentes conocedoras del caso opinaron que al ex consejero podría imputársele como mucho de cohecho impropio (la misma acusación que pesa sobre el presidente valenciano, Francisco Camps). Al fin y al cabo, añaden las mismas fuentes, Riopedre y Muñiz son amigos desde hace treinta años, como comentó el segundo a LA NUEVA ESPAÑA, y no sería por tanto tan extraña un petición en este sentido. En otras conversaciones del sumario grabadas por la Policía, algunos de los investigados sí aludieron al conocimiento que tendría el ex consejero de la supuesta trama de contrataciones ilegales.

Para Ángel Sorando ya no hay riesgo para la investigación en lo que se refiere a los cinco imputados (Riopedre, la ex directora de Planificación y Centros María Jesús Otero, la ex funcionaria Marta Renedo y los dos empresarios de Igrafo y Almacenes Pumarín), puesto que ya no hay escuchas telefónicas en curso. De hecho, según se desprende del sumario, las grabaciones de la Policía a estos imputados cesaron en junio de 2010, cuatro meses después de iniciarse la investigación tras descubrirse que Marta Renedo había abierto una cuenta usurpando la identidad de una joven gijonesa. Cabe inferir, a la vista del auto de levantamiento del secreto sumarial, que el instructor cuenta ya con elementos suficientes respecto a la actuación de los cinco imputados. Se mantiene el secreto respecto a algunos flancos de la investigación que podrían dar lugar a nuevas imputaciones.

El sumario abunda en las supuestas operaciones fraudulentas de María Jesús Otero (quien recibió dinero de Almacenes Pumarín por la supuesta venta de un piso en Llanes) y también recoge conversaciones en las que proveedores del Principado se jactan de tener entrada en otras administraciones, como ministerios y alcaldías, al tiempo que hacen cálculos sobre cómo afectará a sus negocios el resultado de las próximas elecciones.

El levantamiento del secreto cogió a alguno de los abogados con el pie cambiado. Hasta el Juzgado número dos sólo se acercaron Javier Díaz Dapena, abogado de Almacenes Pumarín; Ángel Bernal, defensor de María Jesús Otero, y Juan Serra, Letrado del Principado, acompañado de miembros del servicio jurídico de la Administración regional. Los abogados pudieron leer los tomos hasta las dos de la tarde, hora a la que fueron informados por los funcionarios de que había finalizado el horario de atención al público.

La falta de personal suficiente para volcar todo el sumario a formato digital ha hecho que el juez Sorando solicite formalmente el apoyo de la Dirección de Justicia del Principado, que subcontratará el escaneado de los 32.000 folios, distribuidos en 65 tomos. Fuentes del Principado indicaron que esta operación no podrá llevarse a cabo hasta el próximo martes, de forma que, como muy pronto, el sumario estará en manos de las partes personadas el próximo miércoles. A partir de ese momento podrán presentar alegaciones con conocimiento de causa con respecto a la solicitud de excarcelación planteada por las defensas de María Jesús Otero y Marta Renedo a lo largo de esta semana. Después del levantamiento del secreto, la decisión de mantener o sacar de la cárcel a las mujeres imputadas en este caso será la primera que deba tomar el juez del caso.

Los letrados de ambas han pedido su excarcelación, negada por la anterior instructora, Ana López Pandiella. Consideran que ambas están arraigadas, que ha desaparecido la posibilidad de destrucción de pruebas y que no existe riesgo de fuga.