El Principado asegura que Migoya desconocía los requerimientos de Hacienda sobre Renedo

alberto Pérez Cueto. / LNE

Oviedo, J. A. ARDURA

El Principado aseguró ayer que la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, desconocía los requerimientos de la Agencia Tributaria sobre los pagos que la funcionaria Marta Renedo autorizó a una cuenta que abrió de forma supuestamente fraudulenta a nombre de una cajera de Gijón para poder tener acceso a ese dinero, más de 134.000 euros. La Agencia Tributaria, dependiente del Ministerio de Hacienda, detectó las primera irregularidades en octubre de 2009, pero las comunicaciones a la Intervención General del Principado, dependiente de la Consejería de Economía, eran las habituales de una investigación por la omisión de ciertos ingresos en la declaración de la renta de un particular.

«La petición de datos la conocía la Intervención General y no tenía por qué comunicarla, porque no había ninguna señal de delitos relacionados con el Principado. Parecía un requerimiento más, de los muchos que se hacen al Principado relacionados con particulares o empresas, para analizar una posible irregularidad fiscal», precisó ayer Juan Serra, letrado que representa al Principado en la instrucción de la «operación Marea», sobre el requerimiento que la Agencia Tributaria envió en noviembre de 2009 a la Administración regional para que confirmase o denegase los pagos supuestamente realizados a la cajera Azucena V. F. «La Consejera no podía saber nada de eso, no tenía el más mínimo conocimiento; ni tampoco el Principado, porque la Intervención General está obligada a cumplir la ley de Protección de Datos en requerimientos de naturaleza fiscal, como era este caso», destacó el abogado de la Administración regional.

El director general de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Principado, Alberto Pérez Cueto, superior de Marta Renedo, abundó ayer en esa misma línea argumental. «Hacienda descubrió que una contribuyente tenía unos ingresos no declarados, puso en marcha una investigación por un posible fraude fiscal y requirió a la Intervención General los pagos del Principado a esa contribuyente». La conformidad con el pago de esas facturas, por prestaciones de servicios informáticos, estaba firmada en todos los casos por Marta Renedo como jefa del servicio de Procesos Administrativos. Pérez Cueto aseguró que en ese momento, noviembre de 2009, «se estaba ante un posible fraude fiscal de un particular y no ante las presuntas irregularidades de una funcionaria». El director general rechazó de manera «rotunda» que Hacienda informase en aquel momento, bien a la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, o a él mismo, «sobre irregularidades en los pagos de Marta Renedo». La Agencia Tributaria se limitó a pedir información de esos pagos. «Considerada insuficiente la información aportada», esta entidad reclamó a la Intervención General del Principado «el envío de las facturas», que recibió el 2 de diciembre de 2009, según consta en el sumario de la «operación Marea». En esas «once facturas no constaban los datos identificativos del emisor», en este caso la cajera investigada, «figurando únicamente en la esquina superior izquierda el acrónimo DIGTEC y en la esquina superior derecha la identificación, incompleta, del receptor», o sea, de quien tenía que abonar la factura: la Consejería de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno. Dirección General de Modernización». Pérez Cueto insistió en que él mismo detectó las supuestas irregularidades de Marta Renedo en febrero de 2010. «Fue tras comprobar varios pagos a una empresa, que yo no recordaba», dijo. El letrado del Principado manifestó que la denuncia presentada por la cajera y por Administraciones Públicas «casi coinciden en el tiempo, pero son distintas» y preciso: «La Consejería denunció los pagos irregulares a Implans Mounts, pero no tenía conocimiento de los pagos a la cajera, de cuya existencia no nos enteramos hasta varios meses después».

El sumario de la «operación Marea» recoge un informe de la Agencia Tributaria en el que se constata que Marta Renedo, tras tener conocimiento de los requerimientos enviados por Hacienda a la cajera, se dirigió a ésta para decirle que todo era un error, y días más tarde hasta le ofreció una compensación. La negativa de la cajera dio pie a la mayor investigación por corrupción en la Administración regional.

«La petición de datos de Hacienda la conocía la Intervención General y no tenía por qué comunicarla, porque no había ninguna señal de delitos relacionados con el Principado»

<Juan Serra >

Letrado del Principado

«Al inicio de los requerimientos de la Agencia Tributaria se estaba ante un posible fraude fiscal de un particular y no ante las supuestas irregularidades de una funcionaria»

<Alberto Pérez Cueto >

Director general de Modernización y Telecomunicaciones