PSOE e IU evitan que Migoya informe en la Junta, para cumplir el secreto de sumario

Ana Rosa Migoya. /

Oviedo, J. A. ARDURA

El debate político sobre la «operación Marea» tendrá que esperar. PSOE e IU votaron en contra de que la consejera Ana Rosa Migoya informe sobre la «operación Marea» en la Comisión de Administraciones Públicas que se celebrará la próxima semana, para cumplir el secreto de las actuaciones acordado por la titular del Juzgado número 4 de Gijón. Los socios de gobierno se basan en un informe oral de los servicios jurídicos del Parlamento regional que, según dijeron, advirtió de que el Gobierno regional, al estar personado en la causa como acusación particular, no podrá dar detalles del caso judicial. El Ejecutivo, no obstante, comparecerá en el Pleno de mañana, jueves, ante la interpelación urgente solicitada por los populares para tratar los criterios de la libre designación y de contratación en el Principado. El PP vincula el recurso excesivo a la libre designación en los puestos intermedios de la Administración y la «relajación» de los controles públicos a los casos de supuesta corrupción detectados en los últimos meses en la Administración regional.

La advertencia del letrado de la Junta se produjo ayer, cuando la Comisión de Administraciones Públicas preparaba el orden del día de la sesión que tendrá lugar la próxima semana y en la que el PP había solicitado la comparecencia de la consejera, Ana Rosa Migoya. La Junta General del Principado recibió ayer una comunicación del secretario general técnico de la Consejería de Administraciones Públicas, Francisco Díaz, en la que informaba de que cuatro comparecencias solicitadas por el PP y por el Bloque por Asturias tienen relación con la investigación abierta por el Juzgado número 4 de Gijón.

El PP había solicitado una interpelación urgente al Gobierno en el Pleno que se celebrará este jueves para tratar la política en materia de personal y contratación del Principado, «con especial referencia a los presuntos casos de corrupción que afectan a la Administración». Los populares habían pedido también la comparecencias de la consejera de Administraciones Públicas para que informase sobre el cese de Marta Renedo como jefa del servicio de Procesos Administrativos de la dirección General de Modernización y sobre la detención del ex consejero de Educación José Luis Iglesias Riopedre y de su «número dos», María Jesús Otero. También el Bloque por Asturias había reclamado a Migoya que informase «de los datos de que disponga sobre la detención e imputación» de Riopedre y sobre si el Principado ha puesto en marcha algún proceso de investigación interna.

El letrado de la Junta, a la vista de la comunicación enviada por el Gobierno, informó de que no hay obstáculo para incluir esos asuntos en el orden del día, pero advirtió de que el secreto de las actuaciones obliga a todas las partes personadas y que el Principado puede invocar el secreto de sumario si en el transcurso de los debates se plantean preguntas relacionadas con la investigación. Según fuentes parlamentarias, el letrado incluso advirtió de que el o la compareciente podrían incurrir en responsabilidades si revela algún hecho que tenga relación con la investigación. Estas mismas fuentes pusieron como ejemplo el encausamiento de un diputado de Valencia por revelar en sede parlamentaria cuestiones del «proceso Gürtel».

Los servicios jurídicos del Parlamento regional recordaron la existencia de un precedente, de marzo del año pasado, cuando el PP, que inicialmente había pedido la comparecencia de Migoya en la Comisión de Administraciones Públicas, acabó desistiendo porque la juez, ya entonces, había acordado el secreto de las actuaciones, tras descubrir las supuestas irregularidades cometidas por Marta Renedo. «La situación judicial sigue siendo la misma, pero el PP ahora ha vuelto a pedir esas comparecencias», destacaron fuentes parlamentarias.

Así las cosas, todo apunta a que la consejera de Administraciones Públicas, Ana Rosa Migoya, comparecerá mañana ante el Pleno de la Junta para explicar la política seguida por el Gobierno regional en materia de contratación y también los criterios para aplicar la libre designación en puestos de confianza.

Fuentes parlamentarias aseguraron a este periódico que la comunicación recibida ayer en la Junta General ha sido remitida a todos los grupos para que analicen de qué forma afectará a la interpelación del Pleno de mañana.