Toque de atención a Sariego

José Luis Iglesias Riopedre. /

Oviedo, J. A. ARDURA

La encendida defensa del secretario de los socialistas gijoneses, José Manuel Sariego, en favor de la excarcelación del ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, no cayó ayer en saco roto. Partidos políticos y expertos en Derecho, de catedráticos a jueces, valoraron las formas y el fondo de un mensaje que entienden sólo desde una perspectiva humanitaria, ya que el dictamen de los juristas es unánime: ni la juez instructora de la «operación Marea», Ana López Pandiella, ni el presidente de la sala octava de la Audiencia, Bernardo Donapetry, se dejarán influenciar por las opiniones realizadas al calor del primer caso de supuesta corrupción política en Asturias.

Sariego fue el primer compañero del PSOE que hizo una petición de forma tan expresa y rotunda para que el ex consejero sea puesto en libertad, apenas tres días antes de que la Audiencia de Gijón resuelva los recursos de las defensas contra la prisión preventiva del ex consejero y de María Jesús Otero y Marta Renedo. «Lo siento. No resisto más la estancia de Riopedre en la cárcel, sepultado bajo un sumario secreto», planteaba el secretario general del PSOE de Gijón, que reconocía que con su artículo estaba cometiendo «una incorrección política» y advertía de que escribía sus impresiones «desde la víscera, desde la rabia que me produce imaginar a Riopedre en la cárcel».

El secretario general de la FSA, Javier Fernández, y candidato socialista a la Presidencia del Principado, marcó distancias con su compañero de lista autonómica, al que dio un toque de atención por sus palabras. «Todos tenemos una opinión personal, pero los que somos responsables políticos no podemos apelar a las tripas en estos asuntos», valoró el líder del PSOE asturiano, que se remitió a sus primeras declaraciones sobre este asunto, «que siguen vigentes para todos: respeto tanto a la presunción de inocencia como a la actuación de los jueces».

La opinión del PP llegó por boca del «número dos» de la agrupación de Gijón, Luis Crego, quien considera que Sariego «confunde la acción de la justicia en un Estado de derecho como el nuestro con algo similar a los procesos estalinistas».

El coordinador general de IU de Asturias, Jesús Iglesias, interpretó la petición de Riopedre como «un acto de solidaridad con un compañero, los amigos pueden manifestar sus opiniones». El catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad, Leopoldo Tolivar, y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento ovetense de 1985 a 1993, también cree que en las palabras de Sariego «prima el lado humanitario, otra cosa es que pueda interpretarse como una suerte de presión a un órgano judicial». Pero Tolivar tiene claro que «la presión la mide el que la sufre, pero los jueces están muy curtidos, son independientes y no se sentirán impresionados por ninguna declaración u opinión».

El «constitucionalista» Ramón Punset, también catedrático en la Universidad de Oviedo, está convencido de que las opiniones de José Manuel Sariego no tendrán incidencia en la decisión que adopten los jueces en relación con la instrucción de la «operación Marea».

«La decisión del juez se basará en criterios estrictamente jurídicos y en función del estadio de la investigación y de que estén aseguradas las pruebas en su integridad. Esta cuestión primará sobre otras cuestiones como el estado de salud». A juicio de Punset, «las decisiones de los jueces son opinables, para eso existen los recursos».

El juez decano de Gijón, Luis Roda, eludió pronunciarse sobre el artículo de Sariego, que no leyó, pero también está convencido de que «el ruido» político en torno a esta instrucción no afectará a los magistrados en cuyas manos está el futuro del caso. «Las opiniones te pueden gustar o no pero a mí no me han influido nunca y llevo 32 años como juez», aseguró Roda, que conoce bien tanto a Bernardo Donapetry como a Ana López Pandiella. «No sé si se está tratando de dirigir alguna corriente de opinión sobre este caso, pero de lo que estoy seguro es de que la decisión de Donaptry, que es muy minucioso, se sustentará en criterios jurídicos. Tanto Bernardo como Ana López Pandiella tienen mentes jurídicas».