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El traslado del caso a Oviedo obliga a desvelar el sumario, en contra del criterio de la juez

Las defensas de Renedo y del dueño de Igrafo planean pedir la nulidad por defectos procesales

Riopedre, Otero y la funcionaria seguirán en la cárcel mientras se efectúa el cambio de sede

Sábado 29 de Enero de 2011
M. CASTRO, R. GARCÍA (Gijón) y J. E. MENCÍA (Oviedo)

Esta información ha sido elaborada por M. CASTRO, R. GARCÍA (Gijón) y J. E. MENCÍA (Oviedo)

El traslado a Oviedo de la investigación judicial que dirige la titular del Juzgado de instrucción número 4 de Gijón, Ana López Pandiella, sobre una presunta trama corrupta que integraría a políticos, funcionarios y empresarios, obligará a levantar el secreto de sumario contra el criterio inicial de la juez gijonesa. López Pandiella había señalado hace tan sólo dos días que su intención era mantener parte del sumario en secreto para continuar la instrucción con los menos obstáculos posibles y que dentro de unas semanas daría traslado a las partes de la documentación concerniente a los actuales acusados: el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre; su ex «número dos», María Jesús Otero; la jefa de servicio de Procesos Administrativos, Marta Renedo Avilés (los tres en prisión sin fianza), y los empresarios Víctor Manuel Muñiz, propietario de Igrafo, y Alfonso Carlos Sánchez, dueño de Almacenes Pumarín, en libertad y pendientes de abonar una fianza de 300.000 euros.

El traslado a Oviedo de la causa por inhibición de la juez debido a un conflicto de competencia territorial (los hechos que se investigan se produjeron en la capital del Principado) podría realizarse a principios de esta semana, una vez que López Pandiella dicte el auto apartándose. En el Tribunal Superior de Justicia se quita hierro al asunto y se viste de normalidad el auto de inhibición. «Es algo que se hace decenas y decenas de veces», señalan.

Pero, ¿por qué la juez, con respaldo de la fiscalía, siguió adelante con la instrucción durante meses si todo indica que debía inhibirse? Las fuentes legales y judiciales consultadas ayer explicaron que López Pandiella fue competente de forma inicial porque fue la primera magistrada que tuvo constancia del delito. ¿Por qué siguió luego? «Hay algo raro», coincidieron ayer al responder hasta cuatro destacados penalistas que, sin embargo, no ponen peros a la actuación judicial. Las razones los dividen luego. «Pudo ser con el objeto de alejar la investigación de algún tipo de presión», señala uno de los consultados, que destaca que la juez actuó con respaldo de la fiscalía. Otros dos expertos penalistas consideran que López Pandiella sólo tenía intención de cerrar la instrucción y que pensaba trasladar luego el caso a Oviedo, pero que algo precipitó los hechos.

Por este conflicto de competencias y por el retraso que, al parecer, ha tenido la juez al inhibirse, varias defensas del caso esperan solicitar la nulidad de las actuaciones por defectos procesales, algo que ya insinuaron Miguel Valdés-Hevia, abogado del propietario de Igrafo, y Luis Tuero, que defiende a Marta Renedo. Alguno de los letrados insinúa además que López Pandiella pudo haber investigado a José Luis Iglesias Riopedre cuando era consejero y, por lo tanto, aforado.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA), Ignacio Vidau, señaló que el traslado a los juzgados de Oviedo no supondrá «empezar de cero» ya que «toda la instrucción está hecha». «Donde la deja la juez actual continúa el juez que sea competente con capacidad para acordar diligencias que estime competentes, para revisar o revocar situaciones personales», ha dicho Vidau, que no ve complejidad en el traslado. En el TSJA consideran que «dentro de una semana o diez días» el nuevo juez estará al tanto del sumario. «Es algo que se hará de forma urgente porque hay que tener en cuenta que hay personas en prisión preventiva», explican.

Nada más que la magistrada se pronuncie, el Juzgado tiene que enviar toda la causa al decanato de Oviedo. Allí, de acuerdo con las normas habituales de reparto de dicho decanato, se trasladaría la causa al Juzgado que le corresponda y se asignaría fiscal según los turnos. Ahora bien, el nuevo juez puede rechazar la instrucción, algo previsto en la ley, que establece que en ese caso el sumario pasaría a una instancia superior, en este caso la Audiencia Provincial. El nuevo instructor puede volver a decretar luego el secreto de sumario para las nuevas actuaciones, aunque en ese momento las partes ya tendrían toda la documentación anterior, la instruida por la juez gijonesa, Ana López Pandiella. Mientras tanto, todo indica que Riopedre, Renedo y Otero seguirán en la prisión de Villabona durante este proceso de traslado.

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