La juez deja en libertad a los empresarios y plantea el traslado del caso a Oviedo

Play

Por la izquierda, Victor Manuel Muñiz y Alfonso Carlos Sánchez abandonan los calabozos / Marcos León

Los dos empresarios detenidos el pasado lunes por su supuesta vinculación con la trama corrupta en la que están implicados, además, políticos y funcionarios asturianos, quedaron ayer en libertad bajo fianza tras prestar declaración ante la juez que instruye el caso, la magistrada gijonesa Ana López Pandiella. Los dos acusados, el propietario de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, y el dueño de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz Menéndez, abandonaron los calabozos de los Juzgados gijoneses pasadas las cuatro de la tarde tras recoger el auto en el que la magistrada les obliga a depositar, en el plazo de cinco días, una fianza de 300.000 euros y a personarse cada viernes en las dependencias judiciales.

De esta manera Ana López Pandiella cierra los interrogatorios de un caso por el que ya cumplen una orden de prisión provisional el ex consejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, su antigua número dos, María Jesús Otero, y la funcionaria de Administraciones Públicas que fue cesada por Ana Rosa Migoya al principio de la investigación, Marta Renedo Avilés.

Los abogados de los empresarios ya manifestaron en la mañana de ayer su intención de recurrir una fianza que consideran «excesiva». «Ambos tienen negocios y familiares que dependen de ellos», aseguraban los letrados. Los acusados, a los que se imputan los delitos de cohecho y tráfico de influencias, permanecieron más de seis horas en los Juzgados penales gijoneses, aunque sólo declararon durante algunos minutos. Mientras que Víctor Manuel Muñiz se limitó a responder a preguntas de su abogado, Alfonso Carlos Sánchez «hizo una manifestación de defensa ante la magistrada para probar su inocencia». Durante los interrogatorios, los acusados no escucharon grabaciones telefónicas, una práctica que venía siendo habitual en anteriores comparecencias. Como dato anecdótico, Víctor Manuel Muñiz defendió la legalidad de los contratos que obtiene señalando que los muebles del Juzgado los había vendido Igrafo. Tras la vista, la representante de la fiscalía fue la única que solicitó a la magistrada la entrada en prisión de los dos empresarios.

Los imputados fueron recibidos entre muestras de alegría por los familiares y amigos que les esperaban a la puerta de los Juzgados. «Lo único que quiero ahora es dar un abrazo a mi mujer y ducharme», aseguró Víctor Manuel Muñiz. Los representantes legales de Igrafo y Almacenes Pumarín aseguran que ambas empresas están «homologadas» por la Administración, esto es, los ahora imputados podían servir material de oficina a las consejerías sin que los contratos salieran a concurso público.

Los próximos pasos del caso judicial, en el que se investiga la tramitación de supuestos contratos irregulares así como el pago de comisiones a funcionarios, se darán en Oviedo. Todas las partes, incluida la fiscal y la juez, coincidieron ayer en que Ana López Pandiella debe inhibirse a favor de una sala ovetense, al ser en la capital asturiana donde supuestamente se cometieron los delitos. Pandiella comenzó las investigaciones hace un año al recibir la denuncia de una gijonesa que había recibido en su cuenta un pago de algo más de 100.000 euros. Fuentes judiciales explicaron que la instrucción permaneció en Gijón hasta ahora para no «obstaculizar» la investigación iniciada. Ahora, pese al traslado, por el mismo motivo, será la Policía judicial de la Comisaría de El Natahoyo en Gijón la que continúe las investigaciones «para no dificultar los trabajos ya iniciados». Al contrario que en los últimos días, la juez no emitió ayer un comunicado, a través de la oficina de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, explicando los avances del proceso. Las partes esperan que lo haga en breve y que el auto refleje el traslado de la causa a Oviedo. Una vez ratificada esa decisión, el sumario, que sigue bajo secreto, pasará a un Juzgado de instrucción ovetense. El Decanato asignará la causa a un nuevo juez y a un nuevo fiscal siguiendo el turno ordinario.