El TSJA considera que Sorando no aporta pruebas para imputar a Mercedes �lvarez

Mercedes Álvarez. / LNE

Gijón, R. GARCÍA

No hay indicios de delito. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha devuelto a Ángel Sorando, el juez que instruye la investigación abierta en la «operación Marea» contra la corrupción, la parte del sumario que el magistrado había enviado al tribunal regional al apreciar supuestas actuaciones irregulares cometidas por la consejera de Cultura y Turismo del Gobierno regional, Mercedes Álvarez. Los magistrados señalan que del auto del instructor «en absoluto se desprenden los hechos que con carácter delictivo se le imputan a la aforada, ni las diligencias probatorias que con carácter indiciario acreditan su participación en ellos».

La pasada semana el juez Sorando había señalado a la Consejera como sospechosa de la comisión de delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, prevaricación, tráfico de influencias y fraudes y exacciones ilegales. Ahora el TSJA asegura en un auto hecho público ayer que Sorando «no expresa qué hechos concretos se reprochan a la aforada ni el delito que pudieran constituir lejos de una genérica referencia a los tipos delictivos por los que inicialmente se aperturó la causa en el Juzgado de Gijón». El ponente de esta decisión, el presidente del TSJA, Ignacio Vidau, mantiene que el juez instructor tampoco ilustra en los documentos remitidos a su tribunal «sobre las concretas diligencias probatorias que llevan a la convicción de la participación de la aforada a la que considera sospechosa» más allá de un informe policial firmado por un inspector jefe de la Comisaría de Gijón en el que se detallan los 76.470 euros que la empresa en la que el marido de Álvarez figura como administrador único recibió entre 2006 y 2009 en concepto de subvenciones del Principado. Fuentes del Gobierno regional indicaron ayer que dos de estas ayudas se dieron antes de la llegada de Mercedes Álvarez a la Consejería de Cultura. El auto del tribunal es valorado por estas mismas fuentes como «muy tajante».

El TSJA mantiene que si estas partidas pudieran suponer implicaciones penales, por no haber sido correctamente adjudicadas, «parece conveniente que se reclamen los correspondientes expedientes administrativos que determinaron la concesión de las subvenciones, al objeto de confrontar si la citada empresa reunía los requisitos de la convocatoria». El juez Sorando debería por tanto, según el Tribunal Superior, continuar las investigaciones que está llevando a cabo.

La empresa del marido de la Consejera, con sede en Gijón, se dedica, tal y como informa en el Registro Mercantil, al campo de la «enseñanza para adultos». Formación e Inserción, S. L. cuenta con cuatro trabajadores y tuvo en el año 2009 unas pérdidas de más de 26.000 euros, según las cuentas públicas. Su administrador único es el marido de Álvarez, Manuel Sergio Álvarez Argüelles. Los primeros indicios que llevaron a la justicia hasta este empresario llegaron de mano de otro de los imputados en la causa en la que se investigan supuestas adjudicaciones irregulares y en la que ya se han visto involucrados políticos, funcionarios y empresarios asturianos. En las conversaciones telefónicas, uno de los comunicantes se refería a un tal «Pedrón», un ciudadano que decía ser amigo íntimo del marido de la consejera de Cultura. Gracias a este sujeto, el «tinglado» de la Consejería quedaría «muy tapadito».

La juez que instruyó la causa en un primer momento, la gijonesa Ana López Pandiella, ordenó el pasado mes de enero el arresto del que fuera el responsable de la Consejería de Educación, José Luis Iglesias Riopedre. El político ingresó en prisión, aunque posteriormente la Audiencia admitió su salida de Villabona por «motivos de salud». En el penal asturiano continúan por el momento su antigua «número dos» en el Gobierno regional, María Jesús Otero, y la alta funcionaria de la Consejería de Administraciones Públicas del Principado Marta Renedo Avilés. La magistrada dejó en libertad con cargos y bajo fianza de 300.000 euros a los dos empresarios imputados, el propietario de Almacenes Pumarín, Alfonso Carlos Sánchez, y el dueño de Igrafo, Víctor Manuel Muñiz. La sección octava de la Audiencia Provincial rebajaría esta fianza hasta los 150.000 euros.

El todavía presidente del Principado de Asturias en funciones, Vicente Álvarez Areces, volvió a defender ayer la honestidad de la Administración asturiana y de la consejera de Cultura y Turismo, Mercedes Álvarez: «Antes de lanzar al vuelo un tema como éste, hay que tener fundamentos rigurosos para poder poner en cuestión a una persona que ha tenido una trayectoria ejemplar a lo largo de su vida y que, sin duda, la seguirá teniendo». Para Areces, Mercedes Álvarez ha dado ejemplo «de honestidad» en toda su carrera política, que empezó como concejala en Gijón de la mano del mismo Álvarez Areces.