Dependencia: gana la casa

Que la dependencia era un derecho en desmantelamiento era algo que se veía venir. Llevo advirtiéndolo desde hace un año y cualquiera hubiera sido capaz de ello a poco de pesimismo antropológico que se pusiera en la lectura de la exposición de motivos de las sucesivas reformas en la materia desde el ínclito real decreto ley 8/2010 por el que se adoptaron medidas extraordinarias para la reducción del déficit público (el famoso decreto anticrisis zapateril), la primera lección seria de contraprogramación electoral. Los caldeos eran magníficos leyendo el curso de los acontecimientos en las estrellas y en las entrañas de los animales, pero ahora, a base de tanta mentira y desencanto, se estila lo que daré en llamar «arúspice normativo», es decir, la capacidad de predecir el futuro de un texto legal a poco que uno se meta en sus entrañas y verifique cómo nace con la enzima del fracaso hipertrofiada. Lo que el Gobierno acaba de perpetrar en la publicación del BOE de fecha 14 de julio no es un decreto ley, sino un armatoste, palabra que, por cierto, es la contracción del verbo armar (vinculado antaño a armar la ballesta) y del adverbio catalán antiguo tost, que significa rápidamente. Así pues estamos ante un norma hecha ex profeso para herir, además de para traicionar la confianza de un electorado en su segmento más débil, más penitente si se quiere. El recientísimo real decreto ley 20/2012 es un campo de minas antipersona (nunca mejor dicho), un vertedero en el que hiede un derecho prestacional condenado al olvido mucho antes de este nefasto 14 de julio. Todo lo que en esa norma huele a reestructura encierra una trampa, dando igual por dónde se empiece a leer: en este caso el orden de los factores no altera el sarcasmo, o sea, la búsqueda de la estabilidad presupuestaria. Por lo pronto, es un paradigma de mendacidad la ocultación de tales medidas a los consejeros de bienestar en el Consejo Territorial de hace unos días, casi todos ellos del Partido Popular, y la simplificación estructural de la cosa que propugnaba Ana Mato hace un mes ha consistido en arrancar a la guitarra todas las cuerdas salvo una para dejar sonando el sistema en una monocordia tétrica y dictatorial.

Repugna la ampliación de seis meses a dos años de plazo para la resolución del expediente sin derecho a devengar la prestación en todo ese tiempo, como también los ocho años en lugar de cinco que ahora tiene la Administración para pagar tales atrasos. La ya exigua tasa de reposición de grandes dependientes tras su fallecimiento queda ahora legitimada con semejante ampliación horaria para morirse sin un triste derecho que llevarse a la caja o al crematorio. Repugna la aniquilación de la figura del cuidador familiar, no tanto por la reducción del importe de la prestación en un 15% cuanto por la imputación al cuidador del coste completo del seguro social a partir del 1 de enero, que hasta ahora afrontaba la Administración, sin lugar a una condonación parcial de cuota y sin distingos a quien mantiene a un gran dependiente (387,64 € mensuales) o a un dependiente moderado de nivel 2 (153 €). Repugna la caída de un 13% del nivel mínimo garantizado de aportación estatal cuando hace sólo un mes se disfrazó la supresión del nivel acordado a nivel nacional (283 millones de euros) con un incremento de aquel nivel mínimo en un 18,64%. Repugna la añagaza que supone la supresión de los dos niveles en cada grado cuando ello sólo va a servir para decalar el nivel 1 de un grado en su grado inmediatamente anterior y así aligerar el coste de un sistema en quiebra. Repugna la discriminación que se introduce entre los dependientes moderados cuando un cupo del nivel 2 ya ha accedido a las prestaciones en 2011 y los restantes de dicho nivel más todos los del nivel 1 lo harán en 2015, o sea, una fecha donde no hay bola de cristal que refleje ya una esquirla del sistema, llamado a desaparecer con las primeras medidas impuestas por Europa en ese sangrante aserradero que da por llamarle eufemísticamente «rescate». Y, en fin, repugna que los 478 millones de euros que se ahorra el Estado con la rebaja del «nivel mínimo» y la supresión del «nivel acordado» sirvan para mantener indemne el estatus presupuestario de la Iglesia y equilibrar las subvenciones a la tauromaquia por valor de 600 millones de euros anuales.

Nos hallamos ante una regresión del sistema que ya no se trata de ocultar, sólo que seguir llamando a la dependencia el «cuarto pilar del Estado de bienestar» no deja de ser una absurda lisonja semántica; habría que buscar mejor en la fraseología de la farándula, porque esto se ha quedado en un decorado desmontado por bloques, y la función ha durado lo que ha durado, certificada su defunción no por falta de espectadores sino de expectativas, por la falla mental de unos dirigentes educados contra la sensibilidad y con los dineros haciendo equilibrios en el fiel de la balanza en lugar de en los platillos. Las leyes basadas en mecanismos financiadores están llamadas a progresar en falso por su elevado grado de contingencia, por su elevada dependencia del decurso de los acontecimientos, y terminan por actuar como alertadores de una carestía más que como reguladores de una bonanza. El testigo que el Estado central deja a nuestra Consejera no tiene nada de olímpico, es un clavo ardiendo que habrá de coger con determinación para hacer en solitario su carrera, pero exijo desde aquí planteamientos inmediatos, contratación urgente de personal de refuerzo, aplicación valiente de los 8,1 millones del nivel acordado autonómico, coordinación y cohesión con los servicios sociales locales y la imperiosa disminución de un limbo o interregno prestacional cuyo mantenimiento ya no se justifica. Tolerancia cero con el maltrato administrativo al dependiente. Desde ese limbo claman aún 5.573 de ellos, más otros 6.000 a la espera de su resolución de grado. Cifras mareantes. Por favor, Consejera, bébalas sin moderación.