El exterminio de indígenas en Colombia.
Reporta la revista "Semana" que 38 líderes indígenas han sido asesinados tras el Acuerdo para la paz incumplido por el Estado.
Recientemente Autoridades Indígenas fueron a contarlo a Ginebra, ante la sede de la ONU que estos días va efectuar el EPU, el examen periódico universal a Colombia.
Entre las delegadas iba Aída Quilcué, que en 2009 había estado invitada por el gobierno de Asturias, con su hija pequeña, poco tiempo después de que un día que Aída regresaba de Europa, de denunciar las violaciones contra los indios, los militares dispararon a la camioneta de la organización indígena, pensando que allí iba ella. Se equivocaron por poco, y ametrallaron y asesinaron a su esposo Edwin Legarda.
Aída había mantenido una confrontación fuerte con el entonces presidente Uribe, en sus funciones de consejera mayor (Autoridad) del CRIC, en la finca La María Piendamó, en el marco de la Minga-movilización indígena.
Aida Quilcué participó en Oviedo del Alcuentru de Cosmovisión y Resistencia Indíxenes que organizó el gobierno asturiano, y que tuvo como una de sus consecuencias la elaboración de la Estrategia asturiana de cooperación con los Pueblos Indígenas, con un "Enfoque de Diversidad Cultural y Pueblos Indígenas", y el compromiso de que "Se apoyarán de forma creciente, intervenciones focalizadas en la defensa de la identidad cultural de los Pueblos Indígenas, contribuyendo al fortalecimiento de grupos e instituciones que promuevan la defensa de la identidad cultural y etnográfica, y la tradición oral".
Aquella estrategia vigente contiene la creación de un Observatorio asturiano, sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que está pendiente de ponerse en marcha, y que de funcionar tendría seguramente una función específica de seguimiento en estos casos: el EPU en Ginebra, el exterminio planificado de liderazgos indígenas que está ocurriendo en Colombia.
Hace tres días, en un resguardo indígena, tres años después de que un tribunal lo ordenara, el ministro de defensa colombiano en representación del gobierno fue a pedir perdón a Aída Quilcué por el crimen de su esposo a manos militares. ¿Pero quién dio la orden de matar..?
Días antes la delegación indígena de la que Aída forma parte como consejera de Derechos de la ONIC estaba buscando apoyos de los gobiernos europeos para las elementales demandas que habían presentado en Bogotá con todo el cuerpo diplomático en una actividad a la que invitaron a la XIVª delegación asturiana:
Demandas y propuestas en las que trasladan la preocupación por el asesinato de autoridades indígenas.
La negativa del gobierno a cumplir la sentencia de la Corte que ordena salvaguarda y garantías para 36 pueblos indígenas en peligro de desaparición. Sobre eso hay un protocolo aprobado hace 5 años; pero no lo quieren desarrollar desde el ejecutivo.
Otras sentencias sobre derechos territoriales también son desconocidas por el gobierno.
Exigen también reconocimiento jurídico y político de la guardia indígena, guardiana de los territorios y la justicia propia que días antes había logrado capturar a los asesinos de un comunicador indígena en el Cauca.
Se indicaron lugares específicos en el Catatumbo, y con el pueblo yukpa, de no cumplimiento de delimitación de territorios.
Y anunciaron que están en Consulta comunitaria sobre la ley 160 para posteriormente debatirla con el gobierno, ya que consideran que dicha ley está pensada para legalizar el despojo.
Insistieron en señalar las graves afectaciones de la minería extractivista en territorios indígenas teniendo al límite de la sobrevivencia a varios Pueblos indios.
En asuntos de Paz consideraron que debe cumplirse lo pactado. La ONIC ha presentado 86 metas e indicadores para que el Acuerdo se cumplimente debidamente en su contenido étnico.
Ninguna medida que no pueda y deba apoyarse desde el gobierno asturiano, como así lo testimoniaron en aquella sede indígena de Bogotá gobiernos como el de Noruega, o las representantes de la ONU.
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