De pactos y reformas
La incapacidad de nuestros políticos para buscar acuerdos es algo que miles de ciudadanos, cada vez más, conocemos y aborrecemos. La continua búsqueda de enfrentamientos, el fomento de la crispación y el cultivo de la descalificación fácil es algo que cada vez está más a la orden del día y que hastía a todo aquel que, más allá de las siglas, aboga por dar prioridad a aquello en lo que todos nos podemos poner de acuerdo, tendiendo puentes de diálogo y entendimiento, y hace que muchos nos resignemos ante la imposibilidad de que aquellos que nos gobiernan cedan un poco de allí y un poco de allá para alcanzar pactos. Sin embargo, la idea generalizada de que es imposible que nuestros representantes coincidan en algo no es del todo cierta.
El miércoles día 19 se produjo en el Senado la reforma de la ley electoral, reforma que ha pasado totalmente desapercibida quizá porque la gente anda más centrada en la falta de sentido común de sus señorías en el tema del uso de las lenguas cooficiales en la Cámara. Esta reforma, este pacto de hierro consensuado por los dos grandes partidos más los nacionalistas vascos y catalanes, nos está siendo vendida como «un gran avance para una democracia más justa» mientras que la triste realidad es que se queda tan corta que no mejorará en absoluto la democracia imperfecta que tenemos en nuestro país.
La nueva ley, como la antigua, seguirá discriminando el valor del voto según dónde se vote y a quién se vote, tirando por el suelo una de las máximas de la democracia, ese «una persona, un voto», y no cambia absolutamente nada en el reparto de escaños, sobrerrepresentando, tal y como sucede ahora, a PP, PSOE y nacionalistas, partidos a los que les sale mucho más barato un escaño que a los grandes perjudicados, que no son otros que los partidos nacionales minoritarios, Izquierda Unida y Unión Progreso y Democracia. Por ello, con esta reforma se seguirá dando la injusta situación actual, en la que Izquierda Unida tiene 9 escaños menos que CiU a pesar de contar con 188.723 votos más y en la que UPyD tiene 1 diputado mientras que el PNV tiene 6 con menos votos. Y además, para más inri, esta reforma ni siquiera sigue las recomendaciones del informe redactado por el Consejo de Estado, que solicitaba una ley más justa y proporcional, con medidas como sustituir el actual reparto de escaños por la ley d'Hont por uno más proporcional.
Es triste pero cierto: nuestros políticos son incapaces de forjar pactos que resulten en un beneficio de los ciudadanos pero consiguen hacerlo si el fin último de los mismos es perpetuar una democracia injusta porque salen beneficiados con ello. Ante este panorama, ¿qué podemos hacer los ciudadanos? De momento, quizá nuestra única opción sea confiar en que IU y UPyD antepongan cualquier pacto de gobierno con PP y PSOE a la reforma de la ley electoral en el caso de que lleguen a ser llave. Puede que sea nuestra única esperanza de tener una democracia más justa.
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