Todas las personas tienen derecho a la salud
Con motivo de la reforma sanitaria, Amnistía Internacional se ha dirigido a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso para pedirles que no convaliden el Real Decreto Ley 16/2012 hasta que el Gobierno no demuestre haber cumplido con sus obligaciones internacionales, suscritas al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Unas obligaciones que le comprometen a respetar, proteger y cumplir, sin regresividad y sin discriminación, el derecho a la salud de todas las personas, incluidas las migrantes.
Limitar la atención sanitaria de las personas migrantes en situación irregular a la modalidad de urgencias y asistencia al embarazo, parto y posparto, supone un retroceso de más de una década en el disfrute del acceso a la salud de un colectivo que se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad, incluso llegando a poner en peligro su derecho a la vida. Esta reforma puede tener un grave impacto en miles de personas que sufran enfermedades crónicas, endémicas, brotes epidémicos, enfermedades mentales o que precisen tratamientos contra el dolor. En el marco de la crisis económica, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea ha alertado a sus estados miembros de que excluir a las personas migrantes en situación irregular de la atención sanitaria puede poner en peligro su vida y su bienestar, incrementar el coste de un futuro tratamiento de urgencia, y también puede suponer un potencial riesgo de salud para la comunidad.
Amnistía Internacional lamenta también algunos de los discursos utilizados por algunos miembros del Gobierno donde se acusa a las personas inmigrantes de una utilización indebida de los servicios de salud. Estos discursos, además de contradecir diversos informes técnicos que aseguran todo lo contrario, contribuyen a construir prejuicios sobre este colectivo, estigmatizan al mismo y pueden alimentar comportamientos discriminatorios y xenófobos. En esta línea se han pronunciado la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de la OSCE, la Agencia de Derechos Fundamentales de la UE y la Comisión Europea Contra el Racismo y la Intolerancia, subrayando su preocupación de que en tiempos de crisis, los migrantes, las minorías y otros grupos vulnerables se convierten en «chivos expiatorios» para los políticos populistas y medios de comunicación.
Todas estas medidas se han tomado sin que el Gobierno haya aportado un análisis transparente sobre el potencial impacto que esta reforma podría tener en la salud de este y otros colectivos vulnerables. Lo único que ha aportado son datos de ahorro económico.
Francisco Javier Fernández López, presidente de Amnistía Internacional en Asturias, Oviedo
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