Crisis sociales, políticos profesionales

En las últimas semanas distintos conflictos se acumulan en la sociedad asturiana. Algunos tienen como protagonistas a la Administración regional y colectivos de funcionarios. Al referirse a ellos, la Administración maneja a diario conceptos tales como: grupo de privilegiados, grave crisis económica, sueldos elevados, insolidaridad social...

Se usa una “técnica de descalificación” común en todos los casos:

Filtrar a la prensa abultadas nóminas brutas, en la mayor parte correspondientes al mejor de los sueldos posibles, con todos los complementos. Intentando transmitir a la opinión pública que ésa es la nómina media o habitual del colectivo.

Informar de incrementos retributivos acumulados y sin ajustar por períodos (cuando no falsos directamente), sin equiparar al incremento del coste de la vida en esos años. Cuando se realiza el ajuste (algo tan sencillo en matemáticas como restar a esa cifra la suma de los IPC y dividirlo por el número de años y, ¡oh, sorpresa!, salen cifras tales como 1,5%, o sea, el IPC), esos incrementos astronómicos quedan igualados o por debajo del IPC. En otros casos corresponden a conceptos como carrera profesional, de abono obligado, para equiparar salarios, con los del resto del país, por ser ésta la única y última comunidad en aplicarlos.

Enfrentar al colectivo con el ciudadano, presentándolo como insolidario en mitad de la crisis, opuesto a cualquier cambio en sus condiciones laborales, destinados siempre a mejorar la atención a los usuarios. Y permanentemente reivindicando incrementos salariales (aunque en varios de estos conflictos no sea el tema en discusión).

Utilización de organizaciones sindicales al servicio del poder y de la Administración. Se convocan mesas sectoriales en las que los trabajadores en conflicto no tienen representación ni capacidad de influencia. Se niega la convocatoria de mesas específicas. Los “sindicatos de clase”, como en las antiguas Cortes, votan con la patronal.

Negar públicamente el conflicto en los medios, pero acrecentándolo cada vez más en la práctica, con una actitud de imposición, de negativa al diálogo y declaraciones que rayan en el insulto.

En su artículo del 5 de abril en este periódico, el letrado de la Junta General del Principado I. Arias “La inamovilidad de los funcionarios”, expone: A pesar de su consideración habitual como un privilegio, especialmente en época de crisis, resulta ser una conquista del Estado de derecho. Recordando cómo la creación de la figura del funcionariado en España responde a la necesidad de independencia respecto a la clase política, asegurando una eficacia y profesionalidad que no dependa de los cambios en el partido en el Gobierno y que impida la apropiación de los instrumentos de poder por una ideología política. Constituyendo, además, la mejor vacuna contra la corrupción.

En estos sectores, los directivos, cargos políticos, cuando transmiten “los cambios a aplicar” lo hacen con el siguiente razonamiento. Me ha nombrado el Consejero, al que ha elegido el presidente, por decisión de los asturianos. Por tanto, no tengo nada que discutir con vosotros...

Esta forma absolutista de entender la Administración (es de agradecer que al menos ya no se invoque el derecho divino) en la que la opinión de los administrados sólo cuenta cada cuatro años. Ejercida por una casta de políticos profesionales, con sueldos iguales o mayores a los que critican (probablemente merecidos), consolidando pensiones vitalicias tras repetir cierto número de legislaturas, con subidas lineales de 5.000 euros a sus altos cargos y oscuras ofertas de dinero a los que secunden algunas de sus polémicas reformas.

Esta forma de entender la política, que no deja opción al discrepante, que utiliza el Parlamento regional para el insulto público y personal, o las declaraciones de algún portavoz parlamentario calificando a los funcionarios de “estos que cobran cada mes mientras otros las pasan putas”.... nos lleva a que, propuestas que en algún momento podrían haber resultado incluso adecuadas, por su forma de aplicación, su imposición, la negativa a tener en cuenta a los profesionales a los que van destinadas, o que las deben poner en práctica, se acaben transformando en conflictos sociales, huelgas, pérdida de horas de trabajo y dinero, servicio públicos paralizados y falta de avance en muchos sectores.

Y ¿quién resulta responsable de estos perjuicios para la sociedad?... ¿Sólo el funcionario que se niega a aceptar un cambio en sus condiciones laborales de forma impuesta y no negociada y sin una representación sindical que le pueda defender? O ¿tendrán alguna responsabilidad en ello nuestra clase política, tan poco a la altura de las circunstancias, y unas organizaciones sindicales convertidas en maquinarias de poder?

¿Qué mensaje deberíamos transmitir a nuestros políticos para que entiendan que con esta situación todos perdemos? ¿Necesitan que se lleguen a crear asociaciones de perjudicados por su ejercicio absoluto? Probablemente sólo hay un lenguaje que podrían entender: el perjuicio electoral que amenace su estatus; pero eso todavía lo ven lejano.

Por desgracia, entre convocatorias, la sociedad está prácticamente indefensa y sin puentes de comunicación (visto lo visto) ante nuestros tribunos.

Por suerte, nos acercamos a un nuevo proceso electoral y eso quizá pueda servir para que se enciendan algunas alarmas y empecemos a ganar todos.

Alguna señal se empieza a percibir.....