Zapatero y su cuadrilla apuntillaron Arcelor

Antes de entrar en mis opiniones sobre la paralización del horno alto, conviene hacer un sencillo ejercicio de memoria acerca de las decisiones del Gobierno de Zapatero salido de las generales del pasado año.

Apenas un mes después de tomar posesión como ministro de Industria, en junio de 2008, el ex director de la oficina económica de Moncloa y ex candidato fracasado a la Alcaldía de Madrid, Miguel Sebastián, decretó una subida general de las tarifas eléctricas tanto para la industria como para los hogares, que para Arcelor se estimaba en el 75%. Lo hizo en un santiamén, sin tiempo material para estudiar un asunto tan complejo y, por supuesto, sin dialogar con ninguno de los sectores sociales afectados.

La irresponsabilidad del presidente Zapatero, junto con la habitual cobardía del entonces vicepresidente económico Solbes, permitió la consumación de un colosal atropello a toda la sociedad española en beneficio de unos pocos ricos y poderosos. ¿Quiénes? Los amigos de Zapatero a los que Sebastián aupó y ayudó desde su despacho de Moncloa para asaltar el BBVA y Repsol, o Endesa o Fenosa, primero, e Iberdrola, después. Es decir, los constructores del “régimen” zapateril: Entrecanales (Acciona), Del Rivero (Sacyr) y Pérez (ACS-Dragados), metidos en la electricidad para ayudar al Gobierno y correspondidos por el Gobierno con la generosa subida de tarifas, o sea, de ingresos en sus cuentas de resultados, que nadie en España pudo disfrutar, ni con el BOE ni sin el BOE, porque la crisis era una realidad innegable desde hacía más de un año.

No encontraremos en la historia económica reciente, en plena crisis, una decisión tan alevosa y tan dañina para una sociedad como esta escandalosa subida de tarifas que afectaba a pobre y ricos, a pequeñas y grandes empresas, a consumos bajos y a consumos eléctricos altos. Pero el cloroformo paralizador del aparato mediático gubernamental, bien engrasado y ampliado la legislatura anterior, consiguió que no hubiera ni manifestaciones ciudadanas, tan activas contra los IBI municipales, ni declaraciones de protesta de las federaciones y confederaciones empresariales.

Solamente una voz se alzó con rapidez y rotundidad: la de Arcelor, a través de su consejero-delegado Gonzalo Urquijo, quien denunció el desmán y anunció, sí, anunció que Arcelor se veía obligada a paralizar sus inversiones en España por la penalización de costes energéticos que la subida decretada por Sebastián y Zapatero aplicaba a la gran factoría asturiana. No olvidemos que Aceralia, primero, y Arcelor, después, beneficiaban a Asturias y a España porque sus instalaciones eran altamente competitivas.

Una vez que la competitividad se va perdiendo por la irresponsable inactividad de un Gobierno que no reconoció la crisis y no tomó medidas ni preventivas ni paliativas a tiempo y que, además, aprovechó para pagar favores políticos con la factura eléctrica, la suerte de la industria española estaba echada, tanto más cuanto más intensivo en consumo eléctrico sea el sector afectado, como es el caso de Arcelor.

No olvidemos, además, que Arcelor tiene otras instalaciones de cabecera en el mundo donde no ocurre lo que en España. Eso explica con sencillez, en términos de economía de mercado, que una subida salvaje de tarifas eléctricas supone favorecer la deslocalización de la industria nacional. ¿Cabe una decisión más negativa económicamente y más inmoral socialmente, es decir, más antipatriótica que la subida de tarifas eléctricas de Sebastián y Zapatero adoptada hace nueve meses?

Pues ahora que nadie se extrañe que la crisis en Asturias entre en una etapa dramática con el cierre de un horno alto de Arcelor y la consiguiente reducción de empleo. Que nadie busque herencias del pasado negativas, porque los gobiernos del PP ayudaron a la industria española a crear empleo ganando competitividad en costes. Que nadie culpe a Bush ni a Obama si la siderurgia americana o asiática mejoran posiciones, mientras la siderurgia española las pierde.

Los asturianos tienen que saber que el cierre del horno alto es la consecuencia de la política energética del Gobierno de Zapatero para favorecer a sus amigos empresarios. Una política que resulta posible en plena crisis por el miedo y la pasividad acomplejada de los empresarios asturianos y españoles, que no se atreven a levantar la voz ni cuando asisten a su propia tortura, y también por la indiferencia de la sociedad civil, muy activa con las subidas de tasas e impuestos municipales, pero silenciosa con el asalto a su bolsillo por parte del Gobierno autonómico –incluidos los céntimos sanitarios de las gasolinas y gasóleos– y del Gobierno de Zapatero.

Ahora leeremos grandes declaraciones gubernamentales –incluido Sebastián, sin ruborizarse– políticas, sindicales y empresariales exigiendo a Arcelor que anule su decisión. ¿Se atreverá alguien a reclamar la anulación de las tarifas eléctricas aprobada hace menos de un año por la cuadrilla política de Zapatero?

Pues yo sí lo hago, como requisito previo para pedirle a Arcelor que siga apostando por Asturias y por España. Aunque me temo que esto sólo sea posible con un cambio, no de Gobierno –Solbes por Salgado, Maleni por Pepiño–, sino de presidente de Gobierno y de partido del Gobierno.