Prohibido enfermar y hacerse mayor
El sistema de sanidad pública implantado en España desde hace algunos años ha recibido, cuando menos, el adjetivo de bueno, tanto por la cualificación de facultativos y enfermeras como por el acceso a la asistencia médico-farmacéutica, con independencia de la situación económica o laboral de cada ciudadano.
Hasta que en el año 1986 se promulgó la ley General de Sanidad –impulsada por Ernest Lluch, entonces ministro de Sanidad en el Gobierno de Felipe González–, para tener derecho a la sanidad pública había que ser un trabajador en activo o figurar en la cartilla de la Seguridad Social de algún familiar con empleo y sueldo. Esta mencionada ley acabó con un trato poco social y estableció que la sanidad pública se financiara para todos a través del impuesto de la renta.
El problema de la financiación que viene padeciendo este modelo no es del todo consecuencia de la crisis económica que hoy nos zarandea, aunque sí puede decirse que se ha incrementado por su culpa, pero las dificultades vienen de tiempos atrás. El progresivo encarecimiento de la sanidad pública conlleva una relación muy estrecha con algo tan evidente como es la mejora de la atención al usuario en términos de calidad y de cantidad. Engloba asimismo medicamentos, aparatos y procedimientos médico-quirúrgicos utilizados en la aplicación sanitaria, así como las nuevas tecnologías.
Otro factor que dispara el gasto en la sanidad es de origen demográfico y viene favorecido por el envejecimiento de la población. Este envejecimiento es consecuencia del aumento de la esperanza de vida. Vivimos bastantes más años gracias al progreso científico y al uso de clínicas y fármacos de primera línea.
Igualmente tenemos que pensar en una relación directa entre gasto sanitario y edad, de modo que, cuanto más alta sea ésta, por lógica, mayor es el gasto farmacéutico y de atención a cada afiliado.
Pero siendo analizado todo ello desde la óptica del mantenimiento de la universalidad y equidad del sistema, la propuesta del Gobierno se centra en el gasto farmacéutico, pero se olvida de otros factores que inciden sobre el coste total. Es decir, hace que se sustente el peso de la reforma sobre los enfermos y las personas mayores y no sobre la renta. Puede decirse con desapasionamiento que no aportan más quienes más renta tienen, sino quienes, por desgracia, con más frecuencia están enfermos.
Por eso creemos que esta reforma no es del todo justa. Son las clases medias asalariadas y/o jubiladas que tengan el infortunio de precisar de médico y medicinas las mayores víctimas de esta transformación. En 2006 se decretó el catálogo de prestaciones sanitarias al que tienen derecho todos los ciudadanos y que garantiza la ecuanimidad del sistema, pero el desmesurado gasto en farmacia ya era patente en 1993, a causa de una política excesivamente guiada y orientada desde la industria farmacéutica.
Hoy, el Ejecutivo de Rajoy pone fin a la gratuidad de las medicinas para los jubilados (como se sabe, pagarán el 10%, con un tope de 8 a 18 euros mensuales, según los ingresos) y aumenta el copago farmacéutico de los trabajadores, aunque exime, ¡vaya todo por Dios!, a los parados sin subsidio.
Por todo lo expuesto, entendemos que pagan justos por pecadores. Pues, ¿es ético que los pensionistas tengan que adelantar dinero por sus medicinas mientras a los clubes de fútbol, pongo por caso, se les dan facilidades para pagar al Estado sus deudas millonarias hasta el año 2020? ¿Cómo se puede entender que los enfermos paguen por ser transportados mientras parlamentarios y excesivo número de políticos sigan disfrutando de viajes gratis? ¿Es justo dejar sin asistencia sanitaria a los jóvenes que aún no han tenido empleo en un país en el que más de la mitad de ellos están en paro?
Y como remate, una última pregunta: ¿el Gobierno tendría el mismo respaldo social para adoptar estas mediadas si hubiera dicho antes de las elecciones que iba a hacer lo que está haciendo?
José Antonio Gutiérrez González
Piedras Blancas
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