Ajustes y reajustes en la dependencia

Un hombre ve en sueños a San Pedro, quien le dice: «Ten siempre confianza en mí. Cuando estés en peligro llámame y yo acudiré en tu ayuda».

Nuestro hombre emprende un viaje en barco y naufraga. Cuando está hundiéndose, acordándose de la promesa, invoca a San Pedro. Tan pronto lo hace, un barco pasa muy cerca de él, quien esperando la intervención salvadora de San Pedro lo desprecia.

Repite su súplica. Aparece un segundo barco. El hombre continúa mirando al cielo y tampoco le presta atención. El hombre ya se ve con el agua al cuello.

Nuevamente hace su ruego, casi muerto de miedo. Un tercer barco aparece mientras él continúa gimiendo e implorando. Entre tanto, sucede lo que era previsible y nuestro hombre se ahoga.

Se encuentra ante San Pedro en la vida trascendente y le reprocha: «Yo confiaba en ti, te invoqué en repetidas ocasiones y me fallaste, faltaste a tu promesa», exclama indignado. Y he aquí lo que dice San Pedro: «¿Qué me reprochas? Envié hasta tres barcos a salvarte y ni siquiera los miraste».

El cuento nos hace pensar que la confianza en que los problemas se solucionen sin más por una conjunción de factores externos puede ser cierta sólo en algunas situaciones, las menos, y que en ningún caso esa confianza debe ser ciega. Antes, al contrario, tiene que estar fundada en elementos objetivos, en conocimientos y en pericia técnica y profesional, donde también ocupa un papel importante la actitud en el abordaje de los problemas.

No son muy aconsejables los clavos ardiendo a los que agarrarse cuando las cosas vienen mal dadas, ni la confianza en simples ocurrencias, voluntarismos ni en demagogias. Cuando esto sucede es la hora del rigor y de la seriedad, del compromiso, de la responsabilidad y de la solvencia.

Algo así sucede con la dependencia y su implantación, al habérsele atribuido un cierto poder solucionador a corto plazo de una gran parte de los problemas estructurales del sector de atención a personas vulnerables, sobre todo desde su vertiente residencial, y también de los propios destinatarios de la atención. Como un clavo ardiendo al que asirse. Y ya estamos viendo el resultado efectivo de este clavo, al menos por el momento. Por otra parte, en este caso ni hay barcos de rescate ni me temo sirvan de mucho invocaciones a santo alguno.

El sistema de la dependencia vio la luz en un momento considerado idóneo desde el punto de vista sociodemográfico, teniendo en cuenta las pirámides de población de los últimos decenios y sus proyecciones a medio plazo. Sin embargo, su aplicación pronto estuvo lastrada por deficiencias de funcionamiento y desajustes en su gestión, y ahora la crisis global que padecemos lo ha impactado de pleno.

El ajuste permanente en el que España está instalada vendrá sin duda, en una gran parte, por el lado del gasto público y de forma inevitable afectará dolorosamente a recortes en numerosas partidas del Estado del bienestar y, también, en el sistema de la dependencia. Esto no es una mera posibilidad, sino una realidad asumida por casi todos y a la que ya estamos asistiendo.

La eliminación del llamado nivel acordado de la dependencia, amortiguado en parte por el incremento del nivel mínimo, y el retraso en la incorporación al sistema de la dependencia moderada no son más que muestras de esa cruda realidad.

La congelación de los precios de los conciertos, los retrasos inaceptables en los pagos a los proveedores de servicios por parte de las administraciones y la pérdida de más de ocho mil trescientos empleos directos en el año 2011 en el sector de atención a la dependencia también lo son.

Hay, además, una serie de graves problemas estructurales en su desarrollo: la fragmentación de un sistema que debiera ser nacional y, por tanto, único en diecisiete sistemas paralelos, que incluso serían más teniendo en cuenta los grandes ayuntamientos y los cabildos insulares; el laberinto normativo en el que se ha convertido toda la legislación sobre la dependencia, que dificulta su cercanía y su comprensión; la desigualad en las prestaciones que rompe con los principios básicos de igualdad y de equidad; las diferentes aportaciones de los usuarios; la compleja y burocrática tramitación de las solicitudes; el abuso en la prestación económica al cuidador informal, considerada legalmente como una excepción, en detrimento de los servicios profesionales, creadores de empleo de mayor calidad y garantes de una correcta atención; y, en suma, la falta de visión estratégica no cortoplacista en la gestión del sistema, que deja al descubierto una penosa falta de liderazgo en su abordaje.

Son problemas que existen al margen de la tremenda coyuntura de la crisis, que vienen lastrando la implantación de la dependencia y que demandan unos reajustes inmediatos del sistema para evitar que se desvirtúe peligrosamente.

Como reajuste sería también la puesta en marcha de un modelo de atención a crónicos ubicados en plazas hospitalarias con costes superiores a los 650 euros diarios, cuando a través de un abordaje conjunto entre los sistemas sanitario y social, con visión de alcance, global y estratégica, presidida por criterios de verdadera eficiencia y eficacia y alejados de cualquier planteamiento corporativista, podrían ocupar plazas residenciales específicamente acreditadas a costes no superiores a los 100 euros diarios.

O el establecer niveles comunes de acreditación para todas las comunidades autónomas, introduciendo una mayor igualdad y racionalidad en las exigencias de calidad del sistema a nivel nacional.

O valorar la implantación de una agencia nacional de la dependencia con funciones de unificación, coordinación y es posible que incluso ejecutivas. O la acreditación de servicios por grados y niveles de dependencia, que permitiría discriminar tarifas y costes. O la siempre espinosa cuestión de la financiación sanitaria del módulo sanitario en centros residenciales para personas dependientes.

En definitiva, se trata más de reajustes organizativos y de gestión que de ajustes presupuestarios. Si éstos fuesen dolorosamente inevitables, aunque no debieran ser las personas más vulnerables las que carguen con las consecuencias de la crisis, también aquéllos deben ser considerados absolutamente prioritarios para solucionar los defectos estructurales de un sistema al que nadie le niega sus virtudes potenciales ni su necesidad.

En el idioma chino se dice que las palabras crisis y oportunidad comparten los mismos caracteres gráficos, y en el mundo empresarial norteamericano hay un dicho que dice que los problemas no son más que oportunidades vestidas con ropa laboral.

Sería conveniente tenerlo presente ante el panorama en el que se encuentra la dependencia, para tratar de volver a despertar primero la esperanza y luego la ilusión, en un sector que realiza diariamente millones de actos asistenciales, a veces complejos, con altos indicadores de calidad asistencial y con una creciente relevancia en la economía nacional y en el producto interior bruto del país. Un sector que crea empleo, redistribuye riqueza y soluciona dolorosos problemas personales y familiares, que exige una reivindicación permanente, con el apoyo de todos, especialmente en estos tiempos de zozobra y ante los duros escenarios que se presentan.

Un sector que tiene que tener un marco estable de referencia, normativo, pero también organizativo y de gestión, con una visión global y estratégica que proporcione confianza y certidumbre a la inversión en el desarrollo de nuevos proyectos y canalice mejor la participación del sector privado, establecida como principio legal. Que necesita que esa participación se materialice en fórmulas ágiles y transparentes, ya exploradas en el sector y sobradamente conocidas en otros sectores de actividad, como son las concesiones administrativas, los llamados planes de velocidad o los contratos de gestión de servicios públicos. Que precisa una reorientación con el sistema sanitario, aún sin los necesarios puntos de encuentro en tantas cosas, para racionalizar el uso de los diferentes recursos y niveles de atención, garantizando la sostenibilidad del sistema.

Con la que está cayendo, ahora más que nunca tiene que estar presente un acusado sentido de la responsabilidad y de compromiso con este cuarto pilar del bienestar, con criterios rigurosos y técnicos, con una gestión profesional bajo la dirección de principios políticos alineados con la responsabilidad pública del sistema, que equivale a decir responsabilidad y compromiso con las personas en situación de dependencia y sus familias, en definitiva, con nuestra sociedad.

En el preocupante escenario actual, hay que ver con optimismo los debates mantenidos en el seno del último Consejo Territorial del Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia, donde se puso de relieve la necesidad de una evaluación y la introducción de reformas en su aplicación.

También la firme postura en defensa del sistema tanto de las principales patronales del sector (AESTE, LARES, FED) como de las organizaciones sindicales firmantes del VI Convenio Nacional en el ámbito de la dependencia (UGT, CC OO), reivindicando, además, de forma conjunta que las personas más vulnerables y frágiles no sean las mayores perjudicadas como consecuencia de los ajustes en los Presupuestos del Estado.

Y ello sobre la base de priorizar las prestaciones a través de la red pública del sistema de servicios de atención, porque este sistema no es ni de subsidios ni de ayudas económicas, sino de servicios profesionales, con una visión cooperativa entre todos los agentes de interés –administraciones, prescriptores, operadores privados, profesionales, sindicatos, usuarios–, creando empleo y asegurando la calidad asistencial con el mayor beneficio social posible.

Y poniendo el foco de todos los procesos de atención en el usuario, en el cliente final, en la persona dependiente y en sus familias, pero también en el cliente interno, en los profesionales, como estrategia para evitar que los que tienen que ser agentes facilitadores y un activo de las organizaciones acaben convirtiéndose en un problema más donde ya tenemos bastantes.